Doña Josefa y el caso Majanicho

Doña Josefa Hernández es una señora de más de sesenta años que, si nadie lo remedia, es posible que cuando usted esté leyendo este artículo se encuentre presa en la cárcel de Tahiche. Doña Josefa construyó una casa en un espacio protegido, el Parque Rural de Betancuria. Fue denunciada por las autoridades y condenada a pagar una cantidad de setecientos euros y a demoler la casa. Lo primero lo hizo y lo segundo no. Según las informaciones periodísticas su situación personal y familiar han sido lo suficientemente complejas como para entender que no haya abandonado y demolido la casa en cuestión. Ella asegura que, si le ofrecen una alternativa, accederá diligente a ejecutar la sentencia.

En el año 2000 el Ayuntamiento de La Oliva, cuyo alcalde entonces era Domingo González Arroyo aprueba el Plan Parcial SAU-12 Casas de Majanicho. El colectivo ecologista Agonane lo recurre por no ajustarse al planeamiento territorial. En el año 2002 el Ayuntamiento concede la licencia de ocupación. En julio de 2004, sin esperar a la sentencia por el recurso presentado, el Ayuntamiento de La Oliva y el Cabildo de Fuerteventura (ambos gobernados por CC y PSOE) aprueban un convenio con la empresa infractora NOMBREDO S.L. El único representante de ambas corporaciones que se opuso a esa ilegalidad fue José Luis López, que se había presentando como independiente por la lista de CC al Ayuntamiento de La Oliva. La alcaldesa, Claudina Morales, lo cesó fulminantemente.

En un gesto inédito en la desastrosa vida política majorera, el Cabildo insular llegó a comprar una página en los periódicos La Provincia y Canarias 7 para justificar el convenio y el cese del concejal. Su último párrafo rezaba: Resulta rechazable culaquier otra consideración del acuerdo alcanzado, o versiones no ajustadas a la realidad objetiva y jurídica desplegada tanto por el grupo político Los Verdes de Fuerteventura, como por el concejal don José Luis López, para justificar su indisciplina de voto (…)

La realidad objetiva y jurídica la sentenció en el año 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dando la razón al grupo ecologista Agonane y anulando la aprobación del Plan Parcial. Las obras, empero, continuaron. En el año 2011 la realidad objetiva y jurídica volvió a imponerse confirmando el Tribunal Supremo la sentencia anterior: el Plan Casas de Majanicho era y es ilegal.

Tras la sentencia se sucedieron numerosas reuniones entre el Cabildo, el Ayuntamiento y la empresa asturiana, con la inestimable colaboración de los geniales asesores jurídicos de la corporación insular. A pesar de la sentencia que anulaba el Plan, el Cabildo encontró una fórmula administrativa para que la empresa acabara las obras y pudiera explotar el establecimiento de decenas de viviendas y más de setecientas camas. A día de hoy, Origo Mare, que así se llama la criatura ilegal, tiene abiertas sus puertas y funciona con el consentimiento de las autoridades majoreras y canarias.

Nadie ha ido a la cárcel. Como tampoco nadie, desde el Cabildo majorero se reunió con doña Josefa para buscarle una solución a su ilegalidad. Ahora, que nacionalistas y socialistas claman desde el Cabildo solidaridad y sensatez a la justicia, no está demás recordar este episodio y recordarle, a doña Josefa, que se apellida Hernández y no Zarceño como el máximo accionista de Nombredo. Esa es la verdadera realidad objetiva: no todos somos iguales ante la ley, ni ante el Cabildo.