La noticia de la agencia EFE explicaba el viaje a Luxemburgo del consejero de Educación del Gobierno de Canarias, del que también es su vicepresidente, el socialista (con perdón del socialismo) José Miguel Pérez. Cuenta la noticia que José Miguel viajó a Luxemburgo para mantener una reunión con representantes del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Ufano, José Miguel Pérez informó que, fruto del encuentro, se abre la posibilidad de financiación de nuevas infraestructuras educativas en Canarias, un total de quince centros. Con la demagogia acostumbrada, el Consejero manifestó que, además, se crearán 2000 puestos de trabajo, en un ejercicio de cálculo también repetido -el de la generación de puestos de trabajo en tiempo de crisis- que debería ser categorizado como una nueva especialidad matemática con un margen de error del 100%.
La inversión necesaria la estima el Consejero en torno a los 90 millones de euros. También manifestó que se "está ultimando una fórmula de colaboración público-privada para evitar incurrir en déficit al acometer dichos proyectos". Lo del déficit tiene gracia: el PSOE votó a favor de la modificación de la Inmaculada Constitución para incluir el equilibrio presupuestario como nuevo paradigma democrático cuando bien podría haber propuesto, por ejemplo, que el Estado no debería asumir -constitucionalmente- una tasa de desempleo superior al 10%. Aferrados al nuevo paradigma, la clase política está desmantelando los servicios públicos, no tanto porque le molesten (durante décadas mantuvieron esa ilusión del "Estado del Bienestar") sino porque el capital privado en estos momentos no encuentra nichos productivos donde hacer sus negocios y hay que ofrecerle los servicios esenciales para que su tasa de beneficio no mengue.
Pero el quid del asunto está en eso que el consejero denomina "fórmula de colaboración público-privada". Ahí se esconde la letra pequeña de la que -nos lo contó Amy Martin- sabemos algunos detalles. La fórmula es la siguiente: el capital público (por muy europeo que sean, los fondos del BIE son públicos) aportará el 50% a esa hermandad y el capital privado el otro 50%. Pero ¿dónde está entonces el negocio para las empresas privadas que deben aportar 45 millones de euros para la construcción de 15 nuevos centros educativos? Pues ni más ni menos en que las empresas que participen en el negocio se beneficiarán de una concesión administrativa por la que gestionarán esos centros durante, al menos, dos décadas. Tendrán la potestad de contratar al profesorado y al personal administrativo y obtendrán su tasa de beneficio del dinero público que se les ingresará en sus arcas privadas. Posiblemente, si no inventan antes otra palabra, a esa fórmula la llamarán externalización pensando, los muy estúpidos, que cambiando el nombre a la privatización del sistema público educativo de Canarias, pueden dormir tranquilos en su socialismo de salón y consejos de administración.
Como la fórmula secreta todavía no está ultimada es posible que los datos que aquí exponemos cambien en su contenido pero no en su forma. Es probable que en el resultado final el capital público aportado sea mayor y que la concesión administrativa no sea por dos décadas sino por cuatro. El caso es que el Gobierno de Canarias tiene más que avanzados sus planes para que la escuela pública, con todos sus defectos, sea un recuerdo de cuando pensábamos que la educación nos igualaba, que era un pilar básico de una sociedad democrática y no sé cuántas vainas más. Y hasta es probable que algún intrépido periodista le pregunte al consejero en su próxima comparecencia pública si la información que aquí se suministra tiene visos de realidad. Y, ya puestos a engancharnos a las quimeras, lo mismo a algún sindicato le da por preguntar al consejero por estos planes privatizadores. Pero con buenas palabras, no vayan a molestar.
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