(Berriel y su dedo amenazante. Imagen obtenida de diario.es)
A continuación
subimos a este blog el artículo de Andrés Briansó (Consejero de Podemos en la
oposición del Cabildo de Fuerteventura) sobre la maniobra orquestada para
enchufar, con el más alto rango y salario, a tres personajes con dudosa ética y
mínimos escrúpulos.
Los
tres mosqueteros, como los designa Briansó, son: Domingo Berriel Martínez, cuyo
abundante currículo de actuaciones en contra del bien común ya ha sido tratado
en este blog; Eduardo Pereira, gerente (por designación política) del Parque
Tecnológico, ex director del aeropuerto y segundo sueldo más elevado del
Cabildo; y Manuel Hernández Cerezo, un enchufado del PSOE al que se le creó una
plaza a medida para que pueda ejercer como interventor accidental del Consorcio
de Aguas.
Esta
es la historia del penúltimo intento de reírse en la cara de la ciudadanía y,
encima, pagarlo con nuestro dinero.
Enchufes
de luxe en el Cabildo de Fuerteventura.
La
redacción del Reglamento orgánico del Cabildo de Fuerteventura, cuya aprobación
inicial fue acordada en el pleno del pasado 9 de mayo con el apoyo de los
grupos de Gobierno, Nueva Canarias y el PP Majorero, es uno de los amaños más
vergonzosos que ha padecido esta institución insular en los últimos años.
Básicamente se han hecho un traje a medida, decidiendo un cambio normativo que
posibilita crear puestos de trabajo diseñados para ellos. Ellos han sido los
sastres, pero la tela la pagamos entre todas.
Nada es lo que parece y
nada es casualidad. Esta es la sucesión de hechos: el primer borrador de
reglamento orgánico le fue encomendado al secretario general de la Corporación
insular, que lo redactó en comunicación con los demás secretarios de los cabildos
insulares. Sin embargo, ese borrador fue desechado por el presidente, sin que
hasta la fecha nos hayan explicado los motivos.
Posteriormente, se crea una
comisión (no consta nombramiento), a la que se le encomienda la redacción de un
nuevo borrador de reglamento orgánico, integrada por: Domingo Berriel, actual
gerente del Consorcio de Abastecimientos de Aguas; Eduardo Pereira González,
actual gerente de la sociedad Parque Tecnológico de Fuerteventura, S.A. y Manuel Hernández Cerezo,
interventor accidental del Consorcio de abastecimiento de aguas.
Surgen demasiadas preguntas,
desde qué experiencia y conocimiento tienen estas personas en materia de
Administración Local para acometer la redacción de un reglamento orgánico a
cuál es el título jurídico –la cobertura legal- que las vincula con el Cabildo
y les permite redactar el documento. Por ejemplo: ¿Berriel y Hernández fueron autorizados por el Consorcio de
Aguas para destinar parte de su jornada laboral a este cometido? ó ¿la
sociedad del Parque tecnológico autorizó a Pereira?
Hay que tener en cuenta que
Cabildo, Consorcio y Parque Tecnológico son personas jurídicas independientes,
de modo que no es admisible que el personal de estos entes trabaje
indistintamente para cualquiera de ellos aunque el Cabildo sea “el padre y la
madre” de los otros dos.
Es posible que digan que el
trabajo lo hicieron en su tiempo libre, por las tardes. Sin embargo, eso podría
suponer el ejercicio de una actividad mercantil o profesional para la que se
requiere disponer de la compatibilidad
necesaria y no nos consta que el Consorcio y el Parque Tecnológico la hayan
concedido.
Parece claro que el papel de Manuel Hernández en esta comisión es meramente
simbólico; se limita a ser la persona de confianza de Blas Acosta,
participando los otros dos miembros de forma más activa, desconocemos si han
recibido emolumentos por esta labor, pero lo que sí es seguro es que el gran
beneficio se ha traducido en forma de sillón en el propio Cabildo.
Veamos un poco la trayectoria
de los candidatos al enchufe
de luxe hasta llegar
a este punto.
Una vez que Domingo Berriel cesó como consejero del gobierno de
Canarias volvió a ocupar su antiguo puesto de gerente del Consorcio. Sin
embargo, su vuelta no se produjo en las mismas condiciones que cuando lo
dejó: se le incrementaron considerablemente sus retribuciones (tema bajo
investigación por la propia Dirección Insular del Gobierno) y, además, no tiene
su oficina en la sede del Consorcio sino en la sede del Parque tecnológico supuestamente
realizando un trabajo de planificación insular.
En cuanto a Eduardo Pereira su gestión como gerente del Parque
Tecnológico parece que se ha limitado a dirigir los contratos de las obras de
urbanización del parque tecnológico y de construcción del edificio que alberga
la sede del mismo. No obstante, contó para esa labor con una empresa
especializada en asistencia técnica en esa materia por lo que su gestión fue
bastante limitada. El problema de Pereira es que debe resolver su excedencia en
Aena. Su vuelta a Aena significaría dejar la isla y debido a su integración en
la misma esto sería un problema.
Respecto a Manuel Hernández Cerezo, no se le conoce
trabajo lejos de polémicos nombramientos a dedo, como personal de confianza en
el propio Cabildo, o como interventor accidental del Consorcio de
abastecimiento de aguas en una plaza sorprendentemente modificada a su medida
exigiendo licenciatura en Derecho en contra de la habitual y más coherente en
Económicas.
Por otro lado, tenemos al
presidente del Cabildo y su consejero de economía que tienen dificultades para
gestionar la corporación insular; les resulta muy grande en comparación con el
ayuntamiento de Puerto. Carecen de habilidades sociales para relacionarse con
los empleados del Cabildo, no tienen empatía y, además, no confían en la
gestión de las unidades administrativas de la corporación insular. En resumen,
que no hay “feeling” y necesitan recurrir a personas ajenas a la corporación
para que le ayuden a resolver sus problemas de gestión.
Es aquí donde entran en juego D. Domingo y D. Eduardo. Ellos asumen la redacción del
reglamento orgánico
pero a cambio de resolver su situación personal. Para lograr ese objetivo
introducen disposiciones en el reglamento que van a facilitar su encaje en la
estructura administrativa del Cabildo como funcionarios de carrera.
Una
primera opción era designar a estas tres personas directores insulares. Opción
que contempla tanto el vigente reglamento orgánico como el futuro reglamento.
Sin embargo, tal opción no prosperó. Desconocemos las razones.
La nueva propuesta es, si
cabe, más atractiva para estos interesados. No ocuparán un cargo de designación
política, lo cual da un elevado grado de provisionalidad a su desempeño; entran
como funcionarios y ese riesgo desaparece. El único riesgo es que una nueva
corporación los cese en su puesto pero seguirán siendo funcionarios del
Cabildo.
La cuestión, por tanto, es
como dar forma, a su entrada en el Cabildo. No pueden entrar para ocupar
cualquier puesto y tener el mismo nivel o, incluso inferior al de otros
empleados. Ellos no vienen para recibir órdenes sino para darlas. No vienen a
trabajar sino para que otros trabajen para ellos.
Por lo tanto, el primer paso
es cambiar, vía reglamento orgánico, la estructura de la RPT (relación de
puestos de trabajo del Cabildo); el siguiente paso es modificar las
condiciones de acceso a los puestos de jefatura de las diferentes unidades
(sean servicios o secciones). El reglamento establece en su artículo 64 que se realizará por concurso y podrán participar, aquí está la
clave, funcionarios de otras Administraciones.
Con ello se consigue abrir la puerta para que entren los tres mosqueteros.
Entran por la vía del concurso sin necesidad de realizar oposición alguna.
Además, introducen otras medidas
que son especialmente gravosas y discriminatorias para los empleados de esta
corporación: no podrán acceder a las jefaturas los titulados A2. Una medida
clasista y de muy difícil justificación.
Aunque esas personas aún no
forman parte de la estructura administrativa del Cabildo ya actúan como si lo
fueran. Se les han hecho algunos encargos ya, y ellos mismos han realizado
llamadas a empleados del Cabildo recabando información lo que está generando
gran desconcierto pues se trata de una situación completamente anormal y que se
aparta del funcionamiento riguroso que debe seguir la Administración Pública.
No es la primera vez que en
el Cabildo de Fuerteventura quien redacta la norma diseña un puesto a su propia
medida, pero esta vez al menos los majoreros tienen a tres infiltrados de
morado que denuncian e intentarán impedir esta felonía.