Doña Josefa Hernández
es una señora de más de sesenta años que, si nadie lo remedia, es
posible que cuando usted esté leyendo este artículo se encuentre
presa en la cárcel de Tahiche. Doña Josefa construyó una casa en
un espacio protegido, el Parque Rural de Betancuria. Fue denunciada
por las autoridades y condenada a pagar una cantidad de setecientos
euros y a demoler la casa. Lo primero lo hizo y lo segundo no. Según
las informaciones periodísticas su situación personal y familiar
han sido lo suficientemente complejas como para entender que no haya
abandonado y demolido la casa en cuestión. Ella asegura que, si le
ofrecen una alternativa, accederá diligente a ejecutar la sentencia.
En el año 2000 el
Ayuntamiento de La Oliva, cuyo alcalde entonces era Domingo González
Arroyo aprueba el Plan Parcial SAU-12 Casas de Majanicho. El
colectivo ecologista Agonane lo recurre por no
ajustarse al planeamiento territorial. En el año 2002 el
Ayuntamiento concede la licencia de ocupación. En julio de 2004, sin
esperar a la sentencia por el recurso presentado, el Ayuntamiento de
La Oliva y el Cabildo de Fuerteventura (ambos gobernados por CC y
PSOE) aprueban un convenio con la empresa infractora NOMBREDO S.L. El
único representante de ambas corporaciones que se opuso a esa
ilegalidad fue José Luis López, que se había presentando como
independiente por la lista de CC al Ayuntamiento de La Oliva. La
alcaldesa, Claudina Morales, lo cesó fulminantemente.
En un gesto inédito en
la desastrosa vida política majorera, el Cabildo insular llegó a
comprar una página en los periódicos La Provincia y Canarias 7 para
justificar el convenio y el cese del concejal. Su último párrafo
rezaba: Resulta rechazable culaquier otra consideración del
acuerdo alcanzado, o versiones no ajustadas a la realidad
objetiva y jurídica desplegada tanto por el grupo
político Los Verdes de Fuerteventura, como por el concejal don José
Luis López, para justificar su indisciplina de voto (…)
La realidad objetiva y
jurídica la sentenció en el año 2006 el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, dando la razón al grupo ecologista Agonane
y anulando la aprobación del Plan Parcial. Las obras, empero,
continuaron. En el año 2011 la realidad objetiva y jurídica
volvió a imponerse confirmando el Tribunal Supremo la sentencia
anterior: el Plan Casas de Majanicho era y es ilegal.
Tras la sentencia se
sucedieron numerosas reuniones entre el Cabildo, el Ayuntamiento y la
empresa asturiana, con la inestimable colaboración de los geniales
asesores jurídicos de la corporación insular. A pesar de la
sentencia que anulaba el Plan, el Cabildo encontró una fórmula
administrativa para que la empresa acabara las obras y pudiera
explotar el establecimiento de decenas de viviendas y más de
setecientas camas. A día de hoy, Origo Mare, que así se
llama la criatura ilegal, tiene abiertas sus puertas y funciona con
el consentimiento de las autoridades majoreras y canarias.
Nadie ha ido a la cárcel.
Como tampoco nadie, desde el Cabildo majorero se reunió con doña
Josefa para buscarle una solución a su ilegalidad. Ahora, que
nacionalistas y socialistas claman desde el Cabildo solidaridad y
sensatez a la justicia, no está demás recordar este episodio y
recordarle, a doña Josefa, que se apellida Hernández y no Zarceño
como el máximo accionista de Nombredo. Esa es la verdadera realidad
objetiva: no todos somos iguales ante la ley, ni ante el Cabildo.
