El `Contubernio´ de Puerto del Rosario

A principios del año 1995, con motivo de los actos del Bicentenario de la fundación de la ciudad de Puerto del Rosario, el Ayuntamiento capitalino aprueba - por unanimidad - ponerle el nombre de Plaza de los Demócratas al espacio trasero de la Plaza de la Iglesia. Conformaban aquella corporación el PSOE, Asamblea Majorera, Independientes de Fuerteventura, CDS y el PP. El acuerdo, promovido por el entonces alcalde, Eustaquio Santana Gil, pretendía brindarle un reconocimiento público a todos aquellos demócratas que, en tiempos difíciles del franquismo, lucharon porque la democracia se implantara en el Estado español y, de un modo especial a Joaquín Satrústegui, Jesús Barros de Lis, Jaime Miralles y Fernando Álvarez de Miranda, que habían sido deportados a Fuerteventura, en 1962, como resultado de su intervención en el conocido como el "Contubernio de Múnich". No fueron los únicos desterrados a Canarias a raíz de aquel encuentro celebrado en la ciudad alemana. Íñigo Cavero y José Luis Ruiz-Navarro fueron confinados a El Hierro; Alfonso Prieto, a La Gomera y Félix Pons y Juan Casals, a Lanzarote. Curiosamente, salvo este último -empresario- todos los demás eran abogados o profesores de Derecho.

Estos deportados habían participado en una reunión convocada por el Movimiento Europeo en Múnich (un organismo de carácter liberal democrático que propugnaba una Europa unida) entre el 5 y el 8 de junio de 1962. En total participaron 118 españoles, opositores al régimen franquista bien desde el exilio, bien desde el interior. De la reunión fueron excluidos los comunistas y anarquistas. Participaron, además, algunos ex ministros de la Segunda República como Salvador de Madariaga (de ideología liberal-demócrata y uno de los organizadores del encuentro) o Gil Robles, líder del partido de ultraderecha CEDA y por aquel entonces miembro del Consejo Privado de Juan de Borbón. También participaron significados socialistas como Rodolfo Llopis o reconocidos intelectuales como José Vidal-Beneyto, incluso ex falangistas de la talla de Dionisio Ridruejo que  ya había conocido previamente la deportación interior por su desencanto con el régimen franquista. Para el historiador Bernat Muniesa, la reunión de Múnich fue la primera vez en que se abrió el diálogo entre aquellos que se habían enfrentado durante la Guerra Civil.

Aquel encuentro variopinto parió un comunicado final donde se establecían las condiciones previas para permitir la incorporación de España al espacio común europeo (meses antes el Gobierno de España había solicitado formalmente su incorporación): creación de instituciones democráticas; respeto a los derechos de la persona, en especial a la libertad de expresión; la eliminación de la censura gubernamental; libre ejercicio del sindicalismo y reconocimiento del derecho a la huelga y el reconocimiento a las diferentes "comunidades naturales" y a los partidos políticos. Dentro del escenario histórico, el comunicado de la reunión de Múnich supuso un intento explícito de incorporar al Estado español a las democracias representativas de su entorno.

Al volver de Múnich, los opositores interiores que habían participado en la reunión fueron obligados a declarar en las dependencias policiales. Se les "invitó" a abandonar el país y los que decidieron quedarse fueron multados y desterrados a Canarias. El Régimen, a través del Ministerio de Información, desarrolló una campaña propagandística que pretendía demonizar a los participantes en la reunión al tiempo que se orquestaba una nueva campaña de adhesión al Régimen. El periódico Arriba tituló a toda plana: ¡Múnich a la horca!; otros periódicos no fueron menos hirientes: La Anti-España resucita en Múnich; Unidos por el odio y la traición; Cómica reunión de democristianos, monárquicos de ningún rey, comunistas, anarquistas y separatistas. Y desde el propio Ministerio de Información se bautizó a aquella reunión como El Contubernio ("alianza vituperable en la que participan traidores") de Múnich.

Se cumplen, pues, 50 años de aquel llamado Contubernio y de la deportación a Canarias de aquella oposición blanda (otra oposición más beligerante y decidida -como la de la clase trabajadora en las cuencas mineras o en los cinturones industriales del País Vasco o Cataluña- era duramente reprimida) y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha decidido “conmemorarlo” retirando la placa -y con ella el nombre- a la Plaza de los Demócratas. Aunque cueste creerlo, las presiones del párroco de la ciudad, instando al Ayuntamiento a que la plaza pase a denominarse Nuestra Señora del Rosario (bajo el argumento de que es propiedad de la Iglesia) han cuajado y parte de aquellos que, en 1995, les rindieron homenaje hoy les vilipendian. Con carácter inmediato, el Alcalde -al que le faltó escasos días para ordenarse cura- ordenó retirar la placa; tempranito,  y cuando las calles duermen, para esconder tal vergüenza.

En 1995 aquella plaza también era propiedad de la Iglesia y para poder denominarla Plaza de los Demócratas se tuvo que llegar a un acuerdo. El Ayuntamiento construyó unos locales, en un espacio anexo, para el uso de la parroquia, se pavimentó la plaza, se amuralló, se plantaron árboles, se pintó la fachada de la iglesia y, además, se le puso un reloj y una nueva campana. Vamos, que la ciudadanía  - dinero público - se gastó una pasta con aquel acuerdo. Por eso, ahora que ya han “des-democratizado” dicha Plaza, salta la pregunta a la vista: ¿Nos devolverá la Iglesia nuestro dinero invertido, al precio actual, y con los intereses correspondientes?

Paradójicamente, el aniversario de aquella reunión en la capital bávara, está pasando con más pena que gloria y, salvo algunos reportajes periodísticos y el homenaje brindado por el Movimiento Europeo en el Congreso de los Diputados, se está silenciando un capítulo de la historia contemporánea de España y de Canarias, cuya trascendencia mediática, institucional y personal está aún por investigarse profundamente. Tarea, por otro lado, complicada: la documentación oficial ha desaparecido misteriosamente de los archivos canarios y españoles y los intentos de algunos familiares de los deportados por acceder a los expedientes policiales y ministeriales solo han encontrado disculpas y negativas. Todavía la losa del silencio sobre nuestro pasado más inmediato es casi inamovible. Y ahora, al silencio, se le suma la reacción a través de un verdadero contubernio, el llevado a cabo por parte del Ayuntamiento, representante de un pueblo que acogió con los brazos abiertos a aquellos cuatro deportados en 1962. 

Deportación de un uruguayo insensato

Cuando se están escribiendo estas palabras un ciudadano uruguayo, llamado José Morales Brum, está detenido en alguna comisaria de Tenerife. Tal vez; porque también es posible que José esté volando ya de vuelta a su país de origen en un viaje organizado por el Gobierno de España. Si así fuese, lo estarían deportando.

José Morales tenía en su contra tres agravantes: es comunista, inmigrante y activista. Pero en realidad a José lo deportan por ser inmigrante y no tener la boca cerrada, como se supone que debe ejercer un buen inmigrante que se quiera integrar en nuestra sociedad. Si fuese de aquí lo podrían moler a palos, acusarlo de resistencia a la autoridad, detenerlo injustificadamente y salir del calabozo con la cara partida, como le pasó a nuestro paisano Alberto Rodríguez en la capital tinerfeña cuando intentaba llegar a la manifestación de la gente indignada el 12M. Pero a Alberto no lo pudieron deportar, aunque ganas no les faltaría.

José Morales vivía desde hace algunos años en Lanzarote y en vez de dejar la conciencia en su país de origen se la trajo consigo. En julio de 2011 había participado en una concentración en Arrecife en apoyo al pueblo saharaui. Allí un policía infiltrado se dedicaba a sacar fotografías a los asistentes. Cuando José, cámara en mano, empezó a sacarle fotos al policía de paisano, este se la arrebató. Se originó un tumulto y el policía sacó su arma. Según la denuncia policial -que le acarreó a José su primer expediente de expulsión- el activista provocó con su actitud graves alteraciones que pusieron en grave peligro la seguridad de los dos agentes infiltrados en la concentración. José, por ser uruguayo, desconocía que aquí una cámara que apunta tiene más peligro que una pistola que apunta.

José, además, es reincidente y, lejos de acostumbrarse a nuestras costumbres, acudió el 10 de febrero de este año a una concentración espontánea ante la sede del PP en Arrecife. Allí el ministro Soria, máximo valedor de que Repsol pueda explotar los yacimientos petrolíferos de las aguas canarias, fue increpado por la multitud. La policía denunció a siete personas. A seis -no inmigrantes- se les sancionó con 300 euros; a José con 400 y nuevo expediente de expulsión.

Ayer José fue a firmar el trámite burocrático al que le obligaba su expediente sancionador. Fue detenido, se le permitió que alguien le hiciera llegar sus pertenencias y se le comunicó que lo iban a deportar. Durante cinco años, si el recurso presentado por su abogado en el Tribunal de Estrasburgo no prospera, no podrá pisar ni el suelo canario, ni el español, ni ningún suelo de la Europa de las libertades. Lo mismo José ya está en Uruguay, tomándose un mate "Canarias", más amargo que nunca. Lo mismo está en Montevideo, la ciudad fundada hace casi tres siglos por unas familias emigrantes de Canarias.

Cosas que no salen en los medios

Una lista

Cada semana un premio Nobel de la Paz revisa una lista que le entregan sus asesores militares y de la CIA. En ella están apuntados los nombres de los presuntos terroristas que deben ser eliminados, ejecutados sin proceso jurídico, en algunos países: en Yemen, en Pakistán, en Somalia, en Filipinas. La lista se conoce como la Lista de Asesinatos (Kill List). Obama la repasa, consulta algunas cuestiones, pregunta algunos detalles y le da el visto bueno como si supervisara la lista de la compra. De los asesinatos se ocupan los aviones no tripulados (Drones) que suelen tener buena puntería; a veces. Otras veces sus ataques matan accidentalmente a gente que pasaba por allí y que no estaban en la lista.

La selección de los nombres que se incluyen en la Lista de Asesinatos es fruto de un Gran Hermano. Todos los martes cien asesores se conectan mediante videoconferencia y pasan un power point con las fotografías y biografías de los futuros asesinados. Se nominan y se votan a los merecedores de estar en la lista definitiva, la que aprobará el presidente. Se trata de una labor complicada y puede que en las nominaciones influya el corte de pelo o la mirada desafiante del fotografiado; o el mal humor que le haya producido al asesor estar cumpliendo con la dieta antiobesidad que está impulsando Michelle Obama. Para evitar implicaciones emocionales, cuando la lista de nominados le llega al premio Nobel de la Paz, las fotografías pasan a denominarse "tarjetas de béisbol". Y el entrenador decide a qué jugador hay que neutralizar para que la partida la siga ganando el Imperio.

Un país

Durante marzo y abril de  2010 todas las miradas informativas se dirigieron a Islandia. Un volcán -solo pronunciable en islandés- reventó, emitiendo una enorme nube de ceniza que hizo que se cerrara el espacio aéreo de gran parte de Europa. Fue, nos contaron los medios, todo un ejemplo de que la naturaleza es imprevisible pero que la tecnología y el ser humano -en sus variantes occidentales- tienen capacidad para paliar sus consecuencias.

Un año antes, en medio de una espectacular crisis financiera, la ciudadanía islandesa había subvertido el orden. En vez de actuar contra los manifestantes, el Estado islandés fue a por los banqueros, los detuvo y los está procesando; en vez de rescatar a los bancos, dejaron que quebraran y los pusieron bajo control público; en vez de pagar las deudas a los bancos extranjeros se negaron a hacerlo; en vez de votar por los mismos que habían generado la crisis, el pueblo islandés obligó a dimitir a su Gobierno, realizó un proceso constituyente, elaboró una nueva constitución (con las aportaciones realizadas a través de las redes sociales) y eligió un nuevo Parlamento. En el año 2011, después de tomar estas medidas, la economía islandesa creció el doble que la media europea. Su última medida social ha sido la de perdonar las deudas hipotecarias contraídas por una parte importante de su población, evitando el robo financiero y los desahucios. A pesar de todas estas medidas Islandia ha sido borrada del mapa informativo en espera de que estalle un nuevo volcán.

Una alternativa

El vacío informativo es un agujero negro selectivo y en él caen atrapadas las noticias que no deben ver la luz. Dentro de una semana tendrán lugar unas nuevas elecciones en Grecia y algunas encuestas le otorgan la victoria a Syriza, una coalición de partidos y asociaciones de izquierda y ecologistas. En los medios de persuasión de masas las referencias a Syriza son escasas y cuando la nombran es para compararla, e igualarla, con el partido de ultraderecha Amanecer Dorado. Las dos opciones, nos cuentan, son extremas y por lo tanto repiten esa estupidez de que los extremos se tocan.

El programa electoral de Syriza tiene cuarenta puntos. Aparte de incluir una suspensión de los pagos de su deuda y dejar sin efecto las condiciones impuestas por la Unión Europea, la coalición propone subir los impuestos -hasta un 75%- a las personas acaudaladas; combatir la evasión y el fraude fiscal; reducir drásticamente el presupuesto militar, cerrar todas las bases militares de Grecia y salir de la OTAN; nacionalizar los bancos y los hospitales privados; subir el salario mínimo y las prestaciones al desempleo y ayudar a las familias que no pueden hacer frente a sus hipotecas; abolir todos los privilegios parlamentarios; garantizar que las personas inmigrantes tengan acceso pleno a la sanidad y la educación o utilizar los edificios del Estado, la iglesia y la banca para alojar a las personas sin hogar.

Ante la posibilidad de que este programa radical gane en las elecciones los poderes europeos están interviniendo para evitarlo. El antaño líder del Mayo del 68 y hoy diputado del Partido Verde Europeo, Danniel Cohn-Bendit, ha explicado que el programa de Syriza es una auténtica estupidez y que aplicarlo sería como preguntarle a la población griega si prefieren suicidarse con un cuchillo o con un hacha. La población, de momento, no se ha pronunciado; pero seguro que prefiere suicidarse con sus decisiones a que los suiciden desde Alemania, el Banco Central o el FMI.

Unos periodistas que mueren con plena seguridad jurídica

A raíz de la nacionalización de Repsol por el Estado de Argentina y de la Red Eléctrica Española por parte del Estado de Bolivia, los sesudos analistas y periodistas de la desinformación española se pusieron de los nervios. Y concluyeron, los muy avispados, que en esos países -Bolivia y Argentina- no existía ninguna clase de seguridad jurídica. El periódico El País, por ejemplo, se atrevió a sacar un listado de los países latinoamericanos en donde sí existe eso que ellos llaman seguridad jurídica. La lista esta formada por México, Chile, Brasil y Colombia.

En Colombia, el último periodista asesinado, que sepamos, fue el director de la radio comunitaria Metro Radio Estéreo, Argemiro Cárdenas Agudelo, quien fue asesinado por un sicario cuando caminaba por una calle. Argemiro había recibido una llamada y cuando acudió a la cita le dispararon ocho balazos en el pecho. Reporteros Sin Fronteras publica anualmente una lista de los países donde la profesión periodística se ejerce con mayor seguridad; Colombia ocupa el puesto 143 de los 179 Estados existentes.

El 17 de mayo la policía del Estado de Sonora, en el norte de México, recibió una llamada anónima denunciando que el periodista del modesto diario "El Regional" de Ciudad Obregón, Marco Antonio Ávila, había sido raptado por un grupo de hombres armados. Según la ONG de defensa de la libertad de expresión Artículo 19, "los delincuentes habrían obligado al periodista a identificarse y a confirmar su profesión". Al día siguiente el cuerpo torturado de Marco Antonio Ávila fue encontrado en un descampado. México es uno de los países más peligrosos en el mundo para el ejercicio del periodismo. En 2012, al menos siete periodistas han sido asesinados, y con la muerte de Ávila, son seis los reporteros muertos en el mes de mayo, según datos de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Los Gobiernos de estos dos países -donde amenazan y asesinan a periodistas- reciben constantemente los elogios de la prensa conservadora española que, como El País, los definen como ejemplos de la seguridad jurídica. Los medios de desinformación sufren de amnesia. Y de algo más: ¿cómo definir como jurídicamente seguros a los países donde las empresas transnacionales pueden hacer sus negocios mientras asesinan a los periodistas?, ¿qué pensar de un periódico que antepone las acciones de Repsol antes que la vida de los propios periodistas?