El prometido proyecto de
Chillida tiene un récord mundial: es la (presunta) obra de arte más
cara del mundo. Sin haberse movido una sola piedra, sin iniciarse el
proyecto, ha costado cerca de 30 millones de euros. De dinero
público, del dinero de los habitantes de este archipiélago.
Empecemos por aclarar que
en el año 2008 Domingo Berriel, entonces consejero de Medio Ambiente
y Política Territorial, admitió en sede parlamentaria que se habían
gastado 25'7 millones de euros. Desde entonces las instituciones
canarias (Gobierno y Cabildo) han seguido sepultando dinero público
en el agujero de Chillida. Estos son los principales hitos del robo
del siglo.
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En diciembre de 1995 se
reúnen en Santa Brígida siete altos cargos del Gobierno de
Canarias. La reunión durará dos horas. En esas dos horas llegaron
al acuerdo de entregarle 1.150 millones de pesetas a las dos empresas
– Canterías Arucas y Cabo Verde- que explotaban las canteras de
Tindaya. A la primera empresa se le pagó 150 millones y a la segunda
900. Ese dinero se pagó para rescatar las concesiones mineras y así
poder hacer la obra de Chillida.
El procedimiento normal
cuando se quiere hacer una obra pública es acudir a la expropiación.
No fue el caso y se llegó a este disparatado acuerdo para favorecer
a las empresas. Según los cálculos del PSOE (entonces en la
oposición) si se hubiese acudido a la expropiación el precio a
pagar no hubiese superado los 20 millones de pesetas.
Dos meses antes el banco
Central Hispano había encargado a una agencia de detectives un
informe sobre la empresa Cabo Verde. El informe emitido constata que
la empresa (propiedad de Bittini, amigo de Olarte) tenía 12 embargos
y 5 hipotecas. La suma de lo que debía Cabo Verde era de 900
millones de pesetas y estaba al borde de su disolución. La empresa
de Bittini fue saneada con el dinero de los canarios gracias a esta
increíble maniobra. Tres majoreros participaron de aquella reunión:
Miguel Cabrera Cabrera (viceconsejero de Cultura); Domingo Berriel
Martínez (viceconsejero de Industria) y Eugenio Cabrera Montelongo (viceconsejero de Medio Ambiente).
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Casi un año después el
Gobierno de Canarias vuelve a destinar dinero público al agujero de
Tindaya. Esta vez fueron 1.960 millones de pesetas para realizar
estudios de viabilidad e implantación de la obra de Chillida. Los
1.960 millones se esfumaron en un entramado societario en el que
participaba Cabo Verde, FCC y NECSO Entrecanales. No se realizó
ningún estudio. Años más tarde el Gobierno de Canarias recurrió a
los tribunales buscando el dinero. La justicia dictaminó que el
propio Gobierno había participado y fiscalizado el proceso y que,
prácticamente, se estaba demandando a si mismo. No se recuperó ni
una peseta. Es lo que se conoce como el caso Tindaya.
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Año 2005. El Gobierno
encarga sondeos geotécnicos a Estudios Guadiana. Recordemos que esta
empresa es propiedad de Lorenzo Fernández Ordóñez, ingeniero amigo
de los Chillida. No se hace concurso público y se le encarga a dedo
a Estudios Guadiana contraviniendo los procedimientos administrativos
prescriptivos. Estudios Guadiana es la empresa que va a dirigir el
agujero de Chillida. Obviamente los resultados fueron los esperados
porque, como es normal, Estudios Guadiana no iba a emitir un informe
en contra de los intereses de Estudios Guadiana. Se libraron dos
partidas de dinero público para pagarles : una de 1'5 millones de
euros y otra de 1'9 millones.
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Si suman los anteriores
capítulos verán que dan un resultado de 22'1 millones de euros. El
resto, hasta llegar a los más que probables 30 millones de euros,
nos fueron robados de las formas más singulares: procedimientos
judiciales (casi todos perdidos por el Gobierno de Canarias); una
maqueta del agujero de Chillida que costó una millonada;
participación en exposiciones diversas (ARCO, FITUR, etc);
realización de un documental divulgativo de las excelencias del
proyecto; se llegó a pagar el pasaje, hospedaje y manutención a
decenas de periodistas de los principales periódicos españoles y
europeos para que divulgaran el proyecto; arreglo de la Casa Alta de
Tindaya para convertirla en centro de interpretación del agujero y,
en fin, una cantidad imposible de cuantificar de viajes (y comilonas)
de aquí para allá y de allá para aquí de los Chillida, Mario
Cabrera y Paulino Rivero para formar la Fundación pública que le
entrega nuestro patrimonio a la empresa de los Chillida, Zabalaga
Leku.
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De un tiempo a esta parte
el discurso oficial ha cambiado. El mantra que repiten como loros los
representantes institucionales es el que asegura que no se va a
gastar ni un euro público más en el proyecto. Mienten. Al mismo
tiempo que dicen eso el Cabildo de Fuerteventura acaba de destinar 60
mil euros a la fundación que le han montado a los Chillida. Claro
que, viniendo de las cantidades que venían robando, a estos ladrones
de guante blanco 60 mil euros no les debe parecer dinero. Pero que le
pregunten al 30% de personas desempleadas de la isla o a las miles
que viven en ella sin recibir ninguna prestación.
Pero siguen mintiendo. Si
se quiere seguir adelante con el disparate de profanar Tindaya deben
acudir a las expropiaciones. La Montaña sigue siendo privada y para
poder agujerearla deben gastarse otra millonada de dinero público.
Las expropiaciones costarán, como mínimo, otro millón de euros más
de nuestro dinero.
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El mantra dice: La obra
se sacará a concurso público. La empresa que lo gane pondrá su
capital para vaciar la Montaña y se le otorgará una concesión para
que explote comercialmente el pretendido monumento y así recupere el
dinero.
Los ladrones de guante
blanco creen que de esta manera arreglan algo. Pero que alguien nos
diga dónde está entonces el beneficio para Fuerteventura y
Canarias. Es el negocio perfecto: se le entrega nuestro patrimonio a
una empresa privada para que se lucre con él. Los socialistas y los
nacionalistas canarios ni se han enterado que hay una crisis, que las
fórmulas con las que han gestionado el dinero público solo ha
deparado corrupción generalizada, beneficios privados, recortes
públicos y un territorio plagado de obras fastuosas e innecesarias.
Tindaya es el mejor de los ejemplos de su miopía política y de su
déficit ético.