Repsol y un cangrejo que pasaba por ahí

(Imagen de www.archipielagomachango.com)

La multinacional Repsol ha finalizado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sobre las prospecciones petrolíferas en aguas de Canarias. Todavía, sin estar publicado en el correspondiente BOE, la prensa canaria -en especial La Provincia- ya ha tenido acceso a la información del Estudio y, en cuestión de horas, ha editado dos noticias que solo ofrecen la opinión de la compañía. Algunos minutos más tarde el resto de medios de persuasión de masas -canarios y estatales- se apresuraron a repetir el informe emitido por Repsol, resumido en estos dos titulares: Repsol cree imposible que haya un derrame de crudo en Canarias y Repsol descarta la presencia de especies protegidas en la zona.

La prensa oficial -casi en su totalidad- está en nómina de Repsol, es decir, está vendida y amordazada. Nunca veremos, por ejemplo, un artículo levemente crítico a las actividades de Repsol en periódicos como El País. Al contrario, periódicos como este hicieron de la nacionalización de YPF en Argentina una cuestión de Estado. Son muchos los millones que les llegan a través de la propaganda de la compañía, cuando no tienen intereses entrecruzados en distintas empresas y entidades financieras. Así pues, no es de extrañar la celeridad con que los medios venden la actividad petrolífera como benigna: el éxito de la compañía es también su éxito.

Pero existen cosas sorprendentes en lo publicado por los medios de persuasión con respecto al EIA. El primero de los titulares, el que nos promete aguas limpias, no merece mucho comentario. Los ejemplos de derrames son tan numerosos y tan graves que solo un mentiroso patológico o un accionista de Repsol podría negarlo. Además, sería abundar en lo ya sabido: hace unos meses el diputado del PP, Manuel Fernández, lo explicó categóricamente: “Las posibilidades de un derrame en una plataforma es de una entre cien mil, y, en ese caso, las corrientes siempre se lo llevarían a la costa de África, nunca hacia las Islas; por tanto, riesgo cero para Canarias”. Pues eso, que se jodan esos africanos por no haberse situado en el lado bueno de las corrientes.

La prensa insiste en el comunicado (recordemos, emitido por Repsol y que ella repite cual cacatúa) que el Estudio ha costado más de cuatro millones de euros y que en él han intervenido prestigiosos especialistas, algunos de ellos pertenecientes a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Como si el poder de Repsol -que tiene en nómina no solo a gran parte de la prensa sino a gobiernos enteros- no tuviera la posibilidad de comprar informes a la carta para ejecutar cualquier tropelía que le cotizara en bolsa. Porque, y en eso Repsol no es una excepción, los EIAs son exactamente eso: documentos preceptivos que justifican cualquier tipo de disparate anti ambiental y social, firmados por eminentes científicos que le ponen precio a su dignidad. Los ejemplos también son abundantes. En el EIA para perforar la Montaña de Tindaya (que recordemos, es el espacio con mayor número de figuras de protección del Archipiélago) se asegura que el agujero de Chillida no solo no afectará negativamente a la Montaña sino que le será, misteriosamente, beneficioso. Así que las instituciones insulares no deberían poner el grito en el cielo por el resultado del EIA de Repsol: ellas llevan décadas haciendo lo mismo.

Cuando a un ciudadano con cierta conciencia ecológica le toca leer un EIA debe tener a mano infusiones calmantes, medicamentos contra la ansiedad y mucho sentido del humor. Hemos leído decenas de estos documentos pero recordaremos, aparte del de Tindaya, otros tres casos. Uno de ellos justificaba el trazado, todavía en espera, que afectaría al famoso eje Norte-Sur (una autovía totalmente innecesaria) desde La Caldereta hasta Puerto del Rosario. Esa nueva carretera en su paso por los Llanos de Guisguey va a afectar a una importante población de aves esteparias allí ubicadas, posiblemente mucho antes de la llegada del ser humano a la isla. El informe de aquel EIA reconocía la presencia de los animales pero nos informaba, por si no lo sabíamos, que las aves tienen la capacidad de volar y que, por lo tanto, se pueden ir a dar la lata a otro sitio.

El segundo EIA lo era sobre la intención de unos empresarios de abrir una cantera en Lajares. La cantera de extracción de áridos afectaba de lleno a la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA de Lajares). Esa ZEPA, como todas, antes de declararse como tal, debe venir avalada por estudios preliminares que justifiquen su declaración. La existencia de avutardas, gangas, alcaravanes, engañamuchachos y otras especies estaban documentadas año por año con cientos de avistamientos. El EIA reconocía los informes pero los ponía en duda porque, aseguraban los biólogos que la firmaron, ellos habían ido tres veces y no habían visto ninguna avutarda y les había parecido haber escuchado la llamada de una, pero muy, muy lejos.

El tercer caso tuvo que ver con el primer intento (ahora reiniciado) de instalar más de trescientas torretas, de más de cincuenta metros de altura, para un tendido eléctrico que abrirá, como una jarea, Fuerteventura de punta a punta. Los biólogos en esa ocasión, para negar su negativo impacto visual, incorporaron una fotografía de una torreta de las actualmente existentes. El pie de foto ponía lo siguiente: "Como se puede observar, la instalación no tiene ningún efecto negativo sobre el paisaje, salvo que el observador tenga una actitud subjetiva que condicione su visión".

Contamos todo esto porque, según lo publicado por los media de Repsol, en este océano que nos baña hay de todo menos vida. A pesar de los cuatro millones invertidos en el EIA, de los meses de observaciones y de la colaboración de eminencias universitarias, solo se pudieron avistar, en la zona afectada, a "un tiburón quelvacho, tres ejemplares de merluza canaria, un cangrejo ermitaño, dos corales aislados de menos de 20 centímetros cada uno y diversas esponjas, pero en unos niveles de densidad mínima". ¡Y que todavía haya simplones que a esta zona la sigan denominando banco pesquero canario - sahariano!

Este EIA hiere la sensibilidad. No tanto por las mentiras como por los resultados. Vale, el tiburón puede buscar una tiburona a unos cuantos kilómetros de distancia; las merluzas pueden montarse hasta un trío; los corales son casi de piedra y algunas especies de esponjas son asexuadas, pero ¿qué va a pasar con el único cangrejo ermitaño que habita en los más de seis mil kilómetros cuadrados que ocupa el área a explotar?, ¿fue su celibato una opción personal? Al menos nos queda el consuelo de que, jamás de los jamases, una mancha de piche oscurecerá su vida de anacoreta. Palabra de biólogo, a sueldo de Repsol.



Un Gobierno en el casino

  

(Inés Rojas, consejera de Vivienda. Imagen canarias-semanal.org)

 

El Gobierno de Canarias divulgó una campaña propagandística en el año 2009 bajo el lema Tenemos un Plan. En la foto, dos jóvenes -hombre y mujer- sonreían ufanos; ella enseñaba una llave delicadamente con su mano derecha, como si mostrara una medalla obtenida en una competición deportiva; detrás, un bloque de viviendas sin estrenar, la preciada mercancía. La hipoteca joven canaria los acababa de hacer felices. Y también los acababa de meter en un tremendo embolado.

La joven pareja había acudido atraída por un canto de sirena, mitad belleza, mitad tiburón. No fueron los únicos: miles de jóvenes canarios picaron en el anzuelo buscando ser propietarios, la máxima aspiración que se vendía dentro de una burbuja. Daban igual los motivos: había que vender. La entidad delictiva que gestionaba la Hipoteca Joven Canaria, la extinta Caja de Canarias, lo tenía claro en su publicidad: "Si quieres independizarte, aunque no tengas ningún motivo, te damos la solución".

La Hipoteca Joven Canaria ofrecía algunas ventajas. La más publicitada era que los compradores se podían acoger a una subvención de hasta doce mil euros. Pero había trampa, escondida en la letra chica del contrato. Las subvenciones estaban condicionadas a la dotación presupuestaria: si había dinero se concedían, si no, pues a llorar a la marea. Juran las personas afectadas que nadie les informó de este pequeño detalle. Se acercan a los dos mil. Se constituyeron en plataforma de afectados y denunciaron públicamente y ante el Gobierno de Canarias su situación: jóvenes hipotecados canarios timados por la publicidad engañosa. La plataforma ha conseguido arrancar un compromiso al Gobierno de Canarias para paliar sus desdichas. Como para fiarse.

La entidad que gestiona este Plan es Visocan, una sociedad anónima mercantil pública. Oficialmente es de todos los canarios y canarias; técnicamente, se supone, está gestionada por expertos en vivienda; realmente es una impresentable empresa especulativa que juega con nuestro dinero al bingo y a otros menesteres inclasificables. Por ejemplo: durante los años 2008, 2009 y 2010 Visocan activó una acción denominada Plan de Actuación Especial para la Isla de La Gomera, con unos gastos acumulados de 1'6 millones de euros. El gerente de ese Plan cobró un total de 232.928 euros por los tres años, unos setenta y siete mil euros por ejercicio. Hubo al menos dos gerentes. El sueldo puede parecer excesivo pero es que las criaturas se lo curraron con un riguroso trabajo: a cargo a los presupuestos de la vivienda social se impartieron cursos de pulso y púa en Arure y Playa Santiago, cursos de bailes canarios en Hermigua, un taller de papel artesanal y vidrio, cursos de corte y confección y cocina o una subvención de 29.000 euros a los empresarios para la campaña de Navidad de 2009. También se pagaron varias facturas por recopilar el material periodístico y fotográfico sobre el alucinante Plan con el fin de elaborar la memoria. La única relación con la vivienda, no social, que tuvo ese Plan fue el pago del alquiler de las oficinas y de la casa del gerente. Su sueldo no daba para tanto.

Pero el capítulo más extraordinario de Visocan es su inversión en productos especulativos. En el año 2004 Visocan destinó parte de su dinero, de nuestro dinero (¡cien millones de euros!) contratando un swap con la entidad financiera Merrill Lynch. En el año 2010 -en plena crisis- la entidad volvió a contratar otros dos swaps: uno con el Banco de Santander por 25 millones de euros y otro con Societé Genérale por 75 millones. En total 200 millones de euros de dinero público invertido en un bicho indescifrable (el swap es una operación especulativa de alto riesgo que, según parece, depende de los tipos de interés y del IPC) que carcome las debilitadas cuentas públicas.

¿Quién coño le ha dado permiso a estos mentecatos para que el dinero de las viviendas sociales sea invertido en la especulación financiera? Nadie y todos, es decir, ellos mismos que dicen son la soberanía popular. Como resultado se han perdido más de dos millones de euros de la caja común desde el año 2008, porque el bicho está dando pérdidas. Y, como los swaps están contratados hasta el año 2019, nos seguirán robando impunemente una media de más de un millón por año. ¿Saben ya los jóvenes canarios hipotecados dónde está el dinero desaparecido de sus subvenciones? Sí, como buena banda de ladrones...hicieron un Plan. Por cierto, el año pasado Visocan ejecutó un ERE: despidieron a 26 trabajadores...porque no había dinero. 

Tres casos de represión

Represión sindical
 

El 8 de marzo del pasado año cinco mujeres accedieron a la sede de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE). Eran y son activistas de Intersindical Canaria. Con gran dificultad pudieron desplegar una pancarta desde una de las oficinas. La dificultad no la produjo el peso de la pancarta, ni el texto que incluía (Mujeres de Canarias contra la Reforma Laboral), sino la oposición de algunos trabajadores y trabajadoras que defendieron a la empresa como si les fuera la vida en ello. Una reacción humana comprensible fruto del poder ideológico, del miedo, de asumir la (des) conciencia de que la empresa que nos explota es nuestra mejor amiga. El reproche más repetido de los trabajadores hacia las activistas durante la pacífica reivindicación fue la de "yo no me meto en tu casa sin permiso". Esa casa no es ni tan siquiera una empresa cualquiera, es la empresa de las empresas, la patronal, una agrupación elitista, una banda de explotadores, la representación divinizada del capital en esta tierra única.

En Canarias, con una población de más de dos millones de habitantes, cuatro mil personas se apropian del 80% de la riqueza que se genera. Ese 0'2 por ciento de la población se concentra, básicamente, en la CCE y esa casa que defendieron sus trabajadores está construida con el dinero que nos han robado y nos siguen robando. Pero, lejos de intentar su expropiación, las activistas solo querían advertir con su acción que esa casa es cómplice de la reforma laboral que ha aumentado los niveles de explotación de la mayoría, con especial repercusión en las mujeres. La acción reivindicativa fue grabada por Cristobal García Vera, colaborador de Canarias-semanal.org.

La patronal denunció a las sindicalistas y al reportero. Un año después la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas, María Victoria Rosell, miembro de la asociación Jueces para la Democracia, los procesaba. Finalmente a Cristobal García Vera el fiscal le retiró la acusación de un delito "contra la intimidad y la propia imagen"; a las cinco mujeres se les mantiene la acusación de haber cometido el delito de "allanamiento de domicilio de persona jurídica"; la fiscalía solicita para ellas una pena de un año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y abono de las costas. ¡Un año de prisión por denunciar que la reforma laboral solo beneficia al empresariado! 

Represión universitaria

En febrero de 2011 un grupo de estudiantes con representación en el claustro de la Universidad de La Laguna, AMEC, denunció públicamente que desde la Facultad de Psicología se estaban tramitando negligentemente la adjudicación de becas y que, fruto de esos errores, unos trecientos jóvenes corrían el riesgo de perderlas. El decanato de la facultad se defendió aduciendo que las becas las tramita otro organismo (Fundación Canaria para la Promoción de la Educación, dependiente del Gobierno de Canarias) y que, según sus informes, eran solo cien las personas pendientes de obtener las becas. Los burócratas de la facultad se sintieron dolidos y ofendidos por tamaña injuria y elevaron la queja al rectorado; el servicio de Inspección propuso al rector que se le incoara expediente a veintitrés estudiantes por dos graves faltas: difamación y falta de probidad, que es la manera fina de designar la falta de honradez. Ambas faltas están recogidas en el Reglamento de Disciplina Académica que data del muy democrático año de 1954.

Posteriormente se realizó una criba entre los expedientados quedando limitada las sanciones a once de los estudiantes. En el interín AMEC publicó una nueva nota de prensa aclarando que no cuestionaba el papel profesional de los trabajadores/as de la Facultad de Psicología sino que denunciaban una situación angustiosa para las decenas de jóvenes pendientes de recibir el montante de sus becas. Los expedientes cristalizaron con duras sanciones para los afectados dada la irreparable ofensa de haber equivocado el centro de sus críticas: donde dijeron Facultad de Psicología deberían haber dicho Fundación Canaria para la Promoción de la Educación.

AMEC recurrió la resolución acudiendo a la justicia y la justicia recientemente (junio de 2013) acaba de dejar sin efecto las sanciones dado que "en la publicación litigiosa no se detecta ninguna expresión ofensiva o injuriosa limitándose el comunicado a exponer unos hechos con ánimo de que se mejore el servicio y se eviten prejuicios. Una publicación hecha en el ejercicio legítimo del derecho del gobernado a controlar al gobernante, a la libertad de expresión y de información, a la legítima crítica de la actuación de los poderes públicos y a la defensa de los estudiantes por los miembros de un grupo claustral, a cuyo efecto se ha constituido, no puede entenderse como una ofensa de palabra”.　Además se condena a pagar las costas procesales a la ULL.

En este caso la justicia ha hecho justicia pero podía no haberla hecho. Independientemente de la sentencia nos encontramos con un desproporcionado caso de persecución, acoso y hostigamiento en un ámbito, el universitario, que debería ser paradigma de espacio crítico contra los poderes establecidos incluso cuando ese poder es la propia universidad. Por cierto, que el rector - Eduardo Doménech Martínez- ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Eso significa que todos nosotros seguiremos pagando un proceso judicial inaudito y sin precedentes y aumenta la evidencia de que el empeño sancionador está bañado de tintes inquisitoriales. 

Represión contra la libertad de expresión

Pedro el Gasio es un joven palmero, verseador, ácrata e independentista. Conduce, junto a otro compañero -Dailos González- el programa Frente a Frente que emite Radio Murión desde Tazacorte al resto del mundo. Radio Murion es diversa y emite programas diversos y quizás esa sea la razón por la que se ha convertido en la más escuchada en el valle de Aridane donde se concentra la mitad de la población palmera. Y, como se sale a menudo del redil informativo tan políticamente correcto, el Gobierno de Canarias ha intentado cerrarla. Pero las instituciones no son sus únicos enemigos.

En el Valle de Aridane el agua de regadío proveniente de La Caldera de Taburiente es privada, es decir, está en manos de aguatenientes que también son terratenientes. Si se hicieran con el aire serían los dueños de todos los elementos. Las haciendas de Argual y Tazacorte acaparan agua y tierra desde hace más de quinientos años cuando el conquistador Alonso Fernández de Lugo y su sobrino Juan se apropiaron de esos bienes públicos. A lo largo de su historia a estas haciendas se han ido incorporando otras poderosas familias que han controlado la agricultura del Valle de Aridane con un brutal poder coercitivo. Así, hasta nuestros días. El pequeño agricultor que quiera agua se la tiene que comprar a los caciques; el que proteste se queda sin ella.

　

Desde Radio Murión se ha denunciado con insistencia esta pervivencia de política local caciquil. Por eso han sido denunciadas ocho personas, desde el dueño de la emisora hasta intervenientes en algunos programas. En total, los demandantes piden doscientos mil euros, cuarenta mil al bueno de Pedro el Gasio. Los denunciantes son los Rosendos (Rosendo Luis Cáceres y Rosendo Luis Brito, padre e hijo) implicados, entre otras lindezas, en un gran pelotazo urbanístico. Ambos, según una sentencia firme del Tribunal Supremo, participaron en una maniobra de recalificación de terrenos para beneficiar a un particular. Uno es el arquitecto del ayuntamiento de Tazacorte, el otro realizó labores de intermediario en la venta de una finca que, de la noche a la mañana, pasó de ser agrícola a urbanizable. El padre es, además, administrador general de las mencionadas haciendas de Argual y Tazacorte. Pedrito, hay que reconocerlo, se pasó: dijo que ese territorio estaba dominado por caciques de mierda. Con lo buenos que son.

　

Estos son solo tres casos de intentos recientes de represión en Canarias. Una tierra donde instituciones públicas y privadas intentan por todos los medios evitar la contestación ciudadana, donde las voces disidentes tienen enfrente un conglomerado poderoso que intentan acallarlas. Pero a esas mujeres, a esos jóvenes y a esos Pedritos es imposible ponerles una mordaza. Se zafan y, de paso, nos recuerdan donde vivimos.