Tindaya y las Prospecciones

Recordemos: cualquier lugar de Canarias y del Estado español que albergue pinturas o grabados rupestres son, por ministerio de Ley, Bienes de Interés Cultural (BIC). En el caso de Canarias los órganos competentes para su declaración y delimitación son los Cabildos Insulares. Desde 1990 profesionales de la arqueología, grupos ecologistas y personas independientes han exigido al Cabildo de Fuerteventura que declare a la Montaña de Tindaya como BIC. Solo una sentencia ganada por la Federación Ecologista Ben Magec ha obligado al Cabildo a proceder a su delimitación.

La propuesta realizada por el Cabildo es esperpéntica, reduciendo su perímetro de protección para que la obra de Chillida pueda prosperar. Cuenta con los informes desfavorables de las dos Universidades canarias y se realizó vulnerando trámites administrativos obligatorios. Las más de cien alegaciones presentadas por colectivos, profesionales y personas anónimas han sido desestimadas. Solo tres han sido admitidas parcialmente. Para que se entienda mejor la lamentable labor del Departamento de Patrimonio y Consejería de Cultura del Cabildo exponemos un cuadro comparativo entre el BIC propuesto para Tindaya y los ya existentes en Fuerteventura: Barranco del Cavadero y Barranco de Tinojay. En él se puede observar el diferente criterio para su delimitación y su consecuente superficie delimitada:

BIC	Ámbito de acogida	Superficie protegida
Barranco del Cavadero	Los criterios utilizados para la delimitación del Bien de Interés Cultural de la Zona Arqueológica del Barranco del Cavadero están determinados por el sitio o lugar donde se inserta el conjunto de grabados. Este sitio constituye el elemento geomorfológico definido por el Barranco, sobre cuyos márgenes formados por rocas basálticas se han realizado las inscripciones. Esta unidad de acogida constituida esencialmente por el tramo del Barranco que contiene las tres estaciones de grabados rupestres corresponde al Bien de Interés Cultural declarado con la categoría de Zona Arqueológica, según ministerio de la Ley. En ese sentido el sitio del Barranco donde se ubican los grabados es el elemento definidor del conjunto y el que adquiere un relevante protagonismo y entidad frente al resto del territorio.	La delimitación del Bien de Interés Cultural, Zona Arqueológica, alcanza una superficie de 83.364 metros cuadrados, siendo su perímetro de 2.060 metros.
Barranco de Tinojay	Los criterios utilizados para la delimitación del Bien de Interés Cultural de la Zona Arqueológica Grabados Rupestres del Barranco de Tinojay, están determinados por el sitio o lugar donde se inserta el conjunto de grabados. Este sitio constituye el elemento geomorfológico definido por el barranco, sobre cuyos márgenes formados por rocas basálticas se han realizado los grabados. Esta unidad de acogida, constituida esencialmente por el tramo del Barranco que contiene las tres estaciones de grabados rupestres, corresponden al Bien de Interés Cultural declarado con la categoría de Zona Arqueológica, según ministerio de la Ley. En este sentido, el lugar del Barranco donde se ubican los grabados es el elemento definidor del conjunto, y el que adquiere un relevante protagonismo y entidad frente al resto del territorio.	La delimitación del Bien de Interés Cultural Zona Arqueológica Grabados Rupestres del Barranco de Tinojay alcanza una superficie de 227.123 m2, siendo su perímetro de 2.060 m2.
Montaña de Tindaya	Los criterios utilizados para la delimitación del Bien de Interés Cultural de la Zona Arqueológica de los grabados rupestres de la Montaña de Tindaya están determinados por el sitio o lugar donde se inserta el conjunto de grabados. Este sitio constituye el elemento geomorfológico definido por el espacio sobre cuyas rocas se han realizado los grabados rupestres.	La delimitación de la Zona Arqueológica alcanza una superficie de 1.442m2

El caso de Tindaya es sintomático del doble lenguaje de los partidos e instituciones que gobiernan Canarias y Fuerteventura. En el siguiente cuadro se exponen algunos de los argumentos utilizados por las instituciones para oponerse a las prospecciones petrolíferas y cómo esos argumentos han sido los contrarios para la actuación de las instituciones en el caso de Tindaya. Que cada cual saque sus conclusiones.

ARGUMENTOS CONTRA LAS PROSPECCIONES desde las INSTITUCIONES	ACTUACIONES SOBRE TINDAYA
Es una decisión antidemocrática: no se respeta la voluntad del pueblo.	Es complejo saber qué significa el concepto “pueblo” para las instituciones canarias. Pero, en el caso de la Montaña de Tindaya, una parte considerable del pueblo canario ha emprendido una larga, compleja y abnegada defensa de ese entorno cultural y natural. Primero denunciando su destrucción de las canteras (denuncias desde 1984 mientras las instituciones defendían la extracción de piedra) y luego contra su destrucción a través del Proyecto de Chillida. Para Mario Cabrera, presidente del Cabildo de Fuerteventura, ese “pueblo” que defiende la Montaña son “solo cuatro gatos”.
Es una decisión antidemocrática: no se respeta las denuncias e informes de los colectivos ecologistas y de las organizaciones de defensa medio ambiental.	Las principales organizaciones ecologistas del Estado y de Canarias se han opuesto a las prospecciones y explotaciones petrolíferas en nuestras aguas próximas. Los mismos grupos (ADENA, SEO Bird Life, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Ben Magec, Amigos de la Tierra) se han manifestado y actuado en contra de la destrucción de Tindaya. Cuando estos colectivos han exigido la paralización del Proyecto de Chillida, desde las instituciones se han referido a ellos peyorativamente como “los ecologistas, que si es por ellos nunca se podría hacer nada”.
Es una decisión antidemocrática: no se tienen en cuenta los informes y opiniones de la comunidad científica.	En julio de 2011 se entregaron más de 200 firmas de personas expertas en las distintas disciplinas que hacen de Tindaya un lugar único en Canarias y el mundo. Varios premios de Canarias, catedráticos, doctores y profesores universitarios solicitaban el abandono del proyecto y la protección real de la Montaña. Mario Cabrera valoró de la siguiente manera a la comunidad científica: “Los Premios Canarias también tienen derecho a equivocarse”; “200 firmas siempre serán menos que los miles de majoreros que apoyan el Proyecto” y que “esas firmas provienen de gente de afuera”. Para el presidente la comunidad científica canaria es “gente de afuera”; en cambio la familia Chillida debe ser de Tiscamanita.
Es una decisión antidemocrática: no se respeta la opinión de las instituciones.	Aquí hay plena coincidencia. Los grandes partidos políticos (CC, PSOE, PP y NC) apoyan en las diferentes instituciones la barbaridad de destrozar el espacio natural más protegido por leyes de Canarias. De hecho este ha sido el argumento “democrático” para seguir adelante con la idea de acabar con Tindaya: la democracia reside en las instituciones y somos mayoría.
Hay que hacer una consulta popular para que los canarios/as decidan.	Pero...¿no estaba claro que la democracia residía en las instituciones?; ¿se consultó al pueblo su opinión sobre el puerto de Granadilla?, ¿han planteado alguna vez consultarle al pueblo sobre Tindaya?
Nuestras aguas marinas son un santuario de biodiversidad que no se puede poner en riesgo.	La Montaña de Tindaya es un santuario de diversidad. Posee valores singulares y reconocidos por su geología, paisaje, flora, fauna, historia y etnografía. ¿Por qué sí se pueden poner en riesgo?
Existen posibilidades de un derrame por accidente.	Las principales autoridades de geología y geografía de Canarias han manifestado que el proyecto, tal y como lo planteó Chillida, es absolutamente inviable dada la estructura interna de la Montaña. El propio informe geotécnico (realizado a dedo por Estudios Guadiana, empresa del ingeniero Fernández Ordóñez) reconoce, en sus conclusiones, “que se despiertan innumerables incertidumbres que no podrán ser resueltas” hasta que se empiece a taladrar la montaña.
Los beneficios serán solo para la compañía.	Pues en Tindaya los beneficios ya han ido directamente, sin moverse una piedra, para políticos, empresarios y las familias Chillida y Fernández Ordóñez. Aproximadamente 40 millones de euros de todos los canarios han sido saqueados de las arcas públicas para un proyecto que aún no se ha iniciado. Para realizar el Proyecto las instituciones están negociando con empresas para que sean ellos los que pongan el dinero a cambio de la concesión y explotación del pretendido monumento. ¿Para quién serán entonces los beneficios que se pudieran generar?
El Gobierno de España y Repsol han ocultado información y han manipulado las leyes a su antojo.	En 1995 el Cabildo de Fuerteventura, ante la polémica desatada por el proyecto, encarga un informe a cuatro doctores y catedráticos de Derecho y Prehistoria. El informe fue contundente: la Montaña está protegida y no se puede agujerear. Además se exponía que, con la máxima celeridad, se declarara Bien de Interés Cultural toda la Montaña. El informe fue ninguneado. Desde 1990 profesionales de la arqueología han presentados reiterados escritos para que se declarara y delimitara el BIC de Tindaya. Solo la sentencia del TSJC ganada por Ben Magec ha logrado que se delimite el BIC algo que se debiera haber hecho -obligatoriamente- desde hace años por el Cabildo Insular. La cantidad de manipulaciones, ocultación de información, obstáculos para impedir la participación ciudadana en el caso de Tindaya no caben es este cuadro de resumen.
Repsol y el Gobierno de España minimizan las afecciones negativas que causarán los sondeos.	Para la persona que aún no lo sepa, el proyecto de Chillida se concreta en el vaciado del interior de la Montaña mediante un cubo de 50 metros de lado. Al cubo se accedería por un túnel (aproximadamente a mitad de la Montaña) de 15 metros de lado en su abertura. En el techo del cubo se excavarían dos grandes orificios, a modo de chimeneas, hasta la cima. Para Mario Cabrera el Proyecto supondría un menor deterioro ambiental que “poner una escalera alrededor de la montaña”. El argumento más utilizado últimamente para minimizar el impacto medioambiental del proyecto es que sólo afecta al 0'3% de la superficie de la Montaña. Si ese es el argumento ¿cómo oponerse a unas prospecciones que afectarán a un porcentaje millones de veces inferior del océano? ¿Es este un argumento?