La mamanza

En algunos sitios de Canarias, hasta hace algunos años, era común un término que designaba algo así como el acaparamiento desigual de los recursos que ocasionaba una ventaja para algunos y una desventaja para otros. Cuando se improvisaban los equipos de fútbol en los parques y en las calles y un equipo reunía a los mejores jugadores, descompensando así el partido, no era extraño que el capitán del equipo agraviado se dirigiese al otro con una queja airada: "¡Tú lo que quieres es la mamanza!"

En el que fuera segundo aeropuerto de Fuerteventura, Los Estancos, se están realizando las obras del primer Parque Tecnológico de Canarias. Se trata de la obra pública de este archipiélago con más financiación en el año 2013: 20 millones de euros, cuya mayor parte proviene de los fondos europeos. Dos UTEs realizan las obras en las que trabajan unas 120 personas. La campaña de propaganda que vende el Parque Tecnológico insiste en que se trata de una obra clave para diversificar la economía majorera y canaria puesto que será el escenario para la instalación de empresas de Investigación, Desarrollo e Innovación. La obra es, por tanto, la creación de una infraestructura con dinero público para que los empresarios, los pobres, se cobijen en ella para hacer sus negocios: una auténtica mamanza.

El primer parque tecnológico de Canarias (en el Estado hay más de cuarenta, la mayoría infrautilizados) es una creación de control y mamoneo político. Se gestiona a través de una sociedad anónima pública y el capital pertenece en su totalidad al Cabildo. Su Consejo de Administración es, con alguna excepción, un cónclave de políticos y funcionarios (con militancia política) que ven de esa manera aumentar sus buenos salarios con la asistencia a los plenos. Hay miembros de tres partidos políticos, CC, PSOE y el PPM, algunos de los cuales sustituyen a anteriores consejeros del PP. Destaca la presencia de un genio del I+D+I, Domingo González Arroyo, nombrado segundo vicepresidente del Consejo de Administración y que, a partir de su nombramiento, se bebe los vientos (y viceversa) por el presidente del Cabildo, Mario Cabrera, que también es presidente del Consejo de Administración. Tras décadas de insultos mutuos y de llamarse de todo menos bonito, (Mario lo acusaba de destructor, de marqués y de facha y Domingo le respondía que era un sectario, un talibán y el medianero de ATI en Fuerteventura) la mamanza del Parque Tecnológico los ha unido como baifos que comparten una misma ubre.

Destaca también que un vocal del Consejo de Administración, Tenesor Martín Torres, sea personal de confianza del presidente del Cabildo, puesto por el que cobra 4.888 euros brutos mensuales a lo que habría que sumar las gratificaciones por las asistencias a los plenos del Consejo. Un doble enchufe sin anestesia. O el caso de Luis Alba Vilches, un socialista sui genéris al que tampoco le basta con los emolumentos desorbitados que cobra como director general del Instituto Canario de Administración Pública (¿alguien sabe para qué demonios sirve ese organismo?).

Que el Parque Tecnológico es una mamanza lo sabemos desde sus orígenes. En el año 2009, se le asignan a dedo 58.000 euros a un empresario vasco, Manuel Cendoya Martínez, para que preste el servicio de "Asesoramiento para el desarrollo del Parque Tecnológico de Fuerteventura". La adjudicación a dedo fue todo un despropósito: en agosto de aquel año se le otorgó la adjudicación definitiva a ELEMATEC S.L. cuyo representante legal era el mencionado empresario. Por algún asunto que desconocemos cuatro meses después se volvió a realizar una nueva adjudicación definitiva, esta vez a la empresa Kunayala S.L., cuyo administrador único es, nuevamente, el señor Cendoya. La empresa Kunayala. S.L. fue constituida a finales de septiembre de 2009; dos meses después el Cabildo de Fuerteventura le da los 58000 euros. Todo parece indicar de que se trata de una empresa creada ex profeso y como única finalidad para hacerse con esa partida económica pública.

El Parque Tecnológico no se sabe para qué se va utilizar, ni qué empresas allí se instalarán. Si alguna vez se utiliza será para facilitarle a los ricos sus negocios. Pero de momento está sirviendo para que las empresas constructoras alivien su crisis. Los 20 millones de euros les garantizan buenos beneficios (la media de los salarios de los 120 trabajadores no supera los 1000 euros) al mismo tiempo que generan sobresueldos para los participantes políticos del Consejo de Administración. Una verdadera mamanza que ilustra como, en tiempo de crisis, los hábitos de la corrupción continúan vivitos y coleando. Castellón, Huesca o Ciudad Real cuentan con aeropuertos sin aviones ni pasajeros. Fuerteventura puede batir todos los récords: contar en un futuro próximo con un antiguo aeropuerto, lleno de edificios bioclimáticos y corrupción y vacío de aviones, de sensatez y de humanidad. 

La ley del OVNI

(Viñeta de El Roto)

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias  ha anulado unas oposiciones de bomberos convocadas por el Ayuntamiento de La Oliva. Los opositores que las aprobaron conocían las respuestas. Alguien, desde el tribunal de la oposición, había filtrado las contestaciones correctas. El tribunal estaba presidido por la alcaldesa, Claudina Morales, quien, dada su alta capacidad de trabajo, es también diputada autonómica. La alcaldesa, pese a la contundencia de la sentencia, no ha pedido disculpas, no ha presentado su dimisión y todo parece indicar que actuará como presidenta del nuevo tribunal de oposiciones.

Los dieciséis afortunados elegidos que aprobaron la prueba escrita deberían quedar inhabilitados de por vida para ejercer de bomberos, no tanto por conocer las respuestas filtradas por el tribunal, como por el peligro que supone tener una plantilla que cree que existen los OVNIS, cuya presencia en nuestra tierra está regulada por ley. Al preguntarse en el examen cuáles eran las fuentes documentales inspiradoras de la Constitución Española de 1978, los dieciséis elegidos optaron por la opción D, es decir, que todas las anteriores respuestas eran válidas. Las otras respuestas, válidas para el tribunal y los elegidos, eran las siguientes: opción A, la Constitución española de 1931; la opción C, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y la opción B, una increíble ley marciana: la Ley de OVNI de 1949. Increíble pero correcta según el tribunal.

Los duendes cibernéticos actuaron a escondidas del tribunal e hicieron un estropicio tipográfico. Quizás no fueron los duendes, sino energías desconocidas, entes sin dimensión o la propia luz de Mafasca los que habían trastocado la respuesta B: donde apareció la Ley de OVNI debería haber aparecido la Ley de Bonn de 1949, que es como se conoce a la Constitución alemana aprobada aquel año. Eso explica que los dieciséis elegidos y el propio tribunal diera por buena la ley de OVNI como ley inspiradora de la Constitución española, lo cual explicaría, de alguna manera, algunos artículos de la Ley Fundamental, sagrado texto que permite que el Rey pueda cometer cualquier delito sabiendo que nunca podrá ser juzgado, como seguramente haría cualquier dictador de una lejana galaxia. Pero si fuese vecino de La Oliva no dormiría muy tranquilo sabiendo que los bomberos que aprobaron la oposición creen que el tráfico de OVNIs está regulado por ley, y que el tribunal -alcaldesa al frente- piense que si una nave de Andrómeda tiene una avería a la altura de Lajares, puede enviar a los bomberos para que abran la puerta con una pata de cabra para liberar a los extraterrestres atrapados.

La verdad es que es un caso digno de un debate en Cuarto Milenio: los opositores que conocían las respuestas las fallan, pero aprueban; los que no pertenecían al grupo de los elegidos aciertan, pero suspenden. De los dieciséis elegidos que aprobaron fraudulentamente la oposición, trece obtuvieron las plazas convocadas y, a día de hoy, ejercen como bomberos terrestres en La Oliva, aunque crean que la Constitución española la inspiran las leyes de la confederación interplanetaria. La alcaldesa y diputada Claudina Morales también se mantiene en sus puestos aunque, que se sepa, continúa cogiendo el binter  para acudir a las sesiones en el Parlamento canario en vez de subirse a un platillo volante para ahorrarnos costes. El resto del tribunal - funcionarios, concejales, representantes sindicales y técnicos- también permanecen habilitados como personas humanas hasta que no se demuestre que tras sus pieles se esconden lagartos. ¿Estaremos gobernados por marcianos? 

Sinvergüenza es poco

Un sinvergüenza, nos explica el diccionario, es una persona que comete actos ilegales en provecho propio o que incurre en inmoralidades. Atendiendo a la segunda parte de la definición (y sin descartar del todo la primera) Domingo Berriel Martínez, consejero del Gobierno de Canarias, es el sinvergüenza por antonomasia. Su currículum político y personal está plagado de inmoralidades y en varias ocasiones hemos dado cuenta de ellas. La (pen)última es el colmo de lo inmoral aunque este hombre parece no encontrar techo en sus ansias de vivir del cuento público.

El Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura -dependiente del Cabildo Insular- realizó en mayo de 2011 una convocatoria de subvenciones denominada Concurso público para la solicitud de auxilios a proyectos de obras hidráulicas de iniciativa privada. El total de la subvención ascendía a 148.672,33 euros. Se presentaron quince solicitudes. Cuatro de los solicitantes quedaron excluidos por no cumplir los requisitos para ser beneficiarios; las otras once solicitudes se repartieron 96.607 euros quedando 52.605 euros sin asignar y que quedan acumulados para futuras subvenciones.

De los 96.607 euros repartidos un solicitante se lleva 3.959 euros, otro 2.901, otro 1.674, otro 6.729, otro 13.723, otro 5.820, otro 2.089, otro 7.838. Y otro se convirtió en la Santísima Trinidad y presentó tres solicitudes, cada una subvencionada con 17.110,62 euros, es decir, un total de 51.331,86 euros. Este último se llama Domingo Berriel Martínez y es el Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias. Las obras a las que van dirigidas las subvenciones al Consejero son: una balsa de decantación y ampliación de la balsa existente; la construcción de un depósito de almacenamiento y canal de riego y la construcción de otra balsa impermeabilizada de almacenamiento y riego. Vaya, que al hombre le ha dado por almacenar agua, no vaya a ser. Ni que decir tiene que las tres obras subvencionadas con nuestro dinero lo son para arreglar su finca particular en La Laguna de Tesjuates, en el municipio de Puerto Cabras.

Las subvenciones fueron otorgadas por la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas del Cabildo majorero el 5 de marzo de este año. Forman parte de esa junta, entre otros, el presidente del Cabildo, Mario Cabrera; un representante del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez Batllori; dos consejeros de Coalición Canaria, uno del PSOE, otro del PP. Todos, por lo tanto, han participado -por obra u omisión- de esta canallada: el sinvergüenza que la solicitó y los que la concedieron.

Domingo Berriel cobra 71.051 euros al año, más que un ministro del Gobierno de España. Lleva toda la vida viviendo de la política y ha sido, entre otros cargos, Consejero del Cabildo de Fuerteventura y Director Gerente del Consejo Insular de Aguas, los dos órganos hermanados que le han otorgado ahora más de cincuenta mil euros para que los dedique a la agricultura un hombre que no conoce ni de lejos el mecanismo por el que se activa un sacho o una azada.

Que a un personaje como este -que ostenta un alto cargo público y que es rico en sueldo y bienes- se le concedan cincuenta mil euros para arreglar una de sus numerosas propiedades es algo más que inmoral. Esto sucede en una tierra con la mayor tasa de personas paradas del Estado, en donde se le niegan las ayudas a las personas que sobreviven a duras penas en la exclusión social, donde se rebajan los sueldos del funcionariado por segunda vez, donde es mejor que no te enfermes, donde es mejor que no estudies, donde es mejor que emigres; en el país, ya ven, donde últimamente salen los Paulinos y los Spínolas a pedirnos, con caras compungidas, que hagamos todos un esfuerzo. Sí, lo sabemos, sinvergüenza es poco, pero seguro que al leer esto a ustedes se les ocurren mejores calificativos.

NOTA ACLARATORIA: Domingo Berriel fue Director Gerente del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF), no del Consejo Insular de Aguas.

La corrupción por sistema

La corrupción no es la anécdota, es el método. No es una consecuencia, es la esencia. La corrupción es indisociable del sistema; cohabita con él, vive con él, es él. La democracia representativa genera corrupción como la combustión produce gases. Y, como estos, apesta, pero es disipada por los vientos del poder. A veces nos llega su olor y rápidamente actúan los agentes disolventes: la estupidez mediática, la justicia diseñada, la complacencia ciudadana. Y, sin embargo, existe y envuelve toda la actividad política.

"Esos son algunos"; "de todo hay en la viña del Señor", "ovejas negras las hay hasta en las mejores familias", nos repiten una y otra vez los voceros políticos intentando exculparse cuando se desvela un nuevo acto de corrupción. Ya. Veamos algunos ejemplos.

En Fuerteventura una montaña ha supuesto el robo de cerca de treinta millones de euros de dinero público (¿dónde están?); se aprobaron docenas de planes urbanísticos ilegales (¿alguien puede entenderlo sin la acción cohechora de políticos y técnicos?); se edificaron decenas de promociones inmobiliarias -prohibidas por la ley- en suelo rústico (¿quiénes se beneficiaron?); se pagó una millonada por unos terrenos para un museo arqueológico a la familia del consejero Domingo Berriel y ahora se sabe que nunca se hará (¿quiénes participaron?); el centro comercial Las Rotondas es, según sentencia firme, ilegal (¿hay alguien en la cárcel?); se pagó durante dos años un local vacío (y no apto para su uso) como nueva Delegación Insular de Educación (¿de quién es el local?). En la gran mayoría de las decisiones políticas tomadas en esta isla -desde el patrocinio de un equipo ciclista hasta la suelta de una tortuga- la corrupción ha actuado como motor. Han estado implicados concejales y alcaldes, consejeros y presidentes, técnicos, abogados y funcionarios. La excepción no ha sido la corrupción, la excepción ha sido el comportamiento ético y las ovejas blancas.

En Tenerife, sostiene la investigación sobre la compra y venta de Las Teresitas, el ex alcalde de Santa Cruz coordinó todo un equipo de saqueadores: participaron periodistas, afamados abogados, directores de bancos, los mayores empresarios de la isla y políticos del gobierno y de la oposición. Para obstaculizar la justicia -una palabra que en la democracia corrupta solo es un concepto- el Parlamento canario designó senador a Zerolo y como repulsa, (qué largos deben de ser los tentáculos de la trama), Cristina Tavío - portavoz del PP en la oposición del Ayuntamiento- ha solicitado formalmente que se le condecore. De creer a Zerolo, en esta operación intervino hasta la administración de loterías.

Cómo debe haber sido la historia para que la propia Casa Real -que tanto sabe de negocios oscuros- le haya pedido a Urdangarín que abandone el país. Previamente lo que el yernísimo sacó del país fueron capitales. Su ONG cobró por trabajos que no realizó (lo mismo que, curiosamente, llevan haciendo los Borbones durante siglos), firmó excelentes contratos con presidentes y altos funcionarios de Comunidades Autónomas; por cobrar, cobró hasta por asistir con su esposa (la infanta Cristina, copropietaria de una de las empresas metidas en el tinglado) a una Cabalgata de Reyes de Alcalá de Henares, cuyo alcalde, el socialista Manuel Peinado, firmó un suculento contrato para la ONG de Urdangarín. ¿Este yerno salió rana o simplemente ha sido más tonto que los sapos camuflados de príncipes?

Ejemplos como los anteriores hay en casi todos los ayuntamientos del Estado, en todas las comunidades, en todas las instituciones (entre ellas la judicial que dilata los procedimientos y protege a los corruptores y a los corrompidos). Nos quieren hacer pensar que la corrupción es cosa de algunos, que la mayoría de la clase política es honesta y otras milongas. Aquí se corrompen todos porque todos participan del negocio de la política. Y los que han guardado un complaciente silencio, esperando su turno en el reparto del tesoro, tienen doble delito.

"Este (o ese) país es un país de chorizos", ha dicho Julio Anguita en su última entrevista y, apostillaba, "los votantes que los vuelven a votar también son unos chorizos." Tanto choriceo solo es posible porque un sector de la población, tan grande como sumiso, ha entendido que el sistema es la corrupción y, por lo tanto, lo ve con los ojos que observan la normalidad.

Y todavía algunos cínicos se preguntan qué coño quieren las personas indignadas; que su movimiento, nos dicen, carece de un programa definido, que así no vamos a ningún lado. Son los mismos cínicos que mueven la cabeza hacia otro lado cuando la corrupción anida y se reproduce en su santificada democracia de mercado. 

Tindaya: la montaña de los Chillida

Ana Oramas, parlamentaria de Coalición Canaria, al poco del fallecimiento del que fuera presidente del gobierno autónomo canario Adán Martín, manifestó en una entrevista que, horas antes de morir, el ex presidente le había dicho: "Ana, te encomiendo que hagas todo lo posible para que se construya el Puerto de Granadilla." Adán Martín, recordemos, llevaba años luchando contra el cáncer y en sus postreros momentos entre los vivos, según la diputada, su último deseo fue dirigido a la obra -innecesaria y destructiva- que mayor contestación ciudadana ha generado en Canarias en la última década. Un insólito anhelo para un moribundo.

No sabemos si Luis Chillida, hijo del fallecido escultor Eduardo Chillida, llegó a escuchar las sentidas declaraciones de Ana Oramas. Pero, según ha manifestado a los medios, su padre -antes de morir- “les dejó encomendado continuar con este proyecto artístico (el vaciado de la Montaña de Tindaya) cuando él se percató de que no podría verlo concluido.” Eduardo Chillida -recordemos también- llevaba años enfermo de alzheimer, sumido en el olvido interior. A pesar de ello, sus últimas encomiendas, si hemos de creer a su hijo Luis, se centraron en la destrucción del espacio natural y cultural más protegido de Canarias. Una extraordinaria petición surgida de la agonía.

Hace escasos días el actual Presidente de Canarias acudió a Donosti, acompañado del Consejero Contra el Medio Ambiente y del Presidente del Cabildo de Fuerteventura, donde se reunieron con los herederos del escultor. Acuciados por las deudas y por la mala gestión, los Chillida han tenido que cerrar recientemente el museo Chillida – Leku, así que el ejército de salvación del gobierno canario ha aprovechado la coyuntura para reactivar un proyecto insensato cuyo único objetivo es continuar la dilapidación de las arcas públicas para mayor beneficio de los intereses privados, entre ellos, los de los Chillida.

No insistiremos en los valores naturales y culturales que alberga la Montaña de Tindaya. Baste recordar que es el espacio, paradójicamente, más protegido de Canarias y probablemente de todo el Estado: siete son sus figuras de protección. Tampoco insistiremos en que tras este proyecto se oculta el mayor caso de corrupción de la época democrática del Archipiélago y que, aunque los cálculos son complejos, se estiman en más de 30 millones de euros los gastados en un proyecto en el que no se ha movido una piedra. El agujero de Chillida es un disparate artístico y un atentado contra la cultura y la naturaleza y, además, es imposible. Y ellos lo saben. Cualquier especialista en geología o cualquier persona con un mínimo de sentido común sabe que es imposible realizar un cubo de cincuenta metros de lado en el interior de una montaña cuyo techo (obviamente plano) deberá sostener cientos de toneladas de peso de piedra deleznable y fracturada. El estudio geotécnico que encargó el Gobierno de Canarias para confirmar -no para investigar- su viabilidad estuvo amañado. Se otorgó sin concurso público a Estudios Guadiana al frente del cual está Lorenzo Fernández Ordóñez, amigo íntimo de los Chillida e hijo del ingeniero que trabajaba con el escultor. Aun así las propias conclusiones del estudio geotécnico sentencian que se “levantan numerosas incertidumbres que no podrán ser resueltas hasta que se empiece a taladrar la Montaña.” Por cierto que Estudios Guadiana cobró un millón y medio de euros por realizar un informe con estas surrealistas e inconsistentes conclusiones. Desconocemos, sin embargo, el dinero que cobró el catedrático de ecología y presidente honorífico de ADENA, Francisco Díaz Pineda, para firmar la declaración de impacto ambiental que sostiene que agujerear la Montaña es medioambientalmente favorable pero, gracias a esa herejía científica al servicio del poder, se le designó como coordinador de los equipos que llevan dos años trabajando para el futuro Parque Natural de Fuerteventura y en el que, misteriosamente, Tindaya queda fuera de sus límites.

Pero volvamos a los Chillida. Esta familia anda lanzando a los cuatro vientos que su decisión de permitir -como herederos de la obra de su padre- el vaciado de la Montaña no está movida por intereses económicos. Hace ahora dos años acudimos a Euskalherría a presentar en varias ciudades nuestro libro Tindaya: el poder contra el mito. Ingenuos, explicábamos en las presentaciones que una de las razones de nuestra presencia en el País Vasco y Navarra era la de despertar la sensibilidad de la familia del escultor y lograr que se desmarcara, definitivamente, del proyecto. En los debates que se suscitaron en aquella gira se repitieron intervenciones del público siempre en el mismo sentido: si había dinero y negocio allí estarían los Chillida. Ahora, que su museo ha cerrado, Tindaya se les vuelve a aparecer como tabla salvavidas. Si no, ¿cómo explicar que continúen apoyando un proyecto irrealizable, con una gran oposición ciudadana y de la comunidad científica, con el artista muerto y con la corrupción salpicando todo lo que toca? Es probable que la fe no mueva montañas pero el dinero sí permite agujerearlas.