En los últimos meses se han
resuelto dos causas judiciales sobre la Montaña de Tindaya y el esperpéntico
proyecto de agujerearla bajo la coartada de una pretenciosa obra de arte. La
primera de las causas fue ganada por la Federación Ecologista Ben Magec –
Ecologistas en Acción. El Gobierno de Canarias había aprobado, gracias a la
labor del descatalogador de especies Domingo Berriel, las normas de
conservación de ese Monumento Natural. Las normas fueron redactadas no para
conservar el espacio y sus valores sino para permitir el agujero de Chillida.
Las normas, entre otras barbaridades, obviaban la delimitación del Bien de
Interés Cultural (BIC) que, por ministerio de ley, le corresponde al albergar
la montaña una importantísima estación de grabados rupestres. Los grupos
ecologistas y los profesionales de la arqueología en Canarias llevaban casi
veinte años solicitando su declaración de BIC, su delimitación y su protección.
En todas esas peticiones se solicitaba que se declarara Bien de Interés
Cultural a toda la montaña. A pesar de ser el órgano competente y de estar
obligado a su declaración formal, el Cabildo de Fuerteventura jamás procedió a
hacerlo, incumpliendo lo legalmente dispuesto.
La sentencia anula las normas de
conservación aprobadas por el Gobierno de Canarias, entre otros argumentos,
porque no se había procedido a la delimitación del BIC. Al día siguiente el
portavoz del Gobierno de Canarias manifestó que el proyecto (de abrirle un
boquete para negocio de particulares) seguiría adelante. Es un proyecto
irrenunciable; más bien un negocio irrenunciable.
Después de veinte años
solicitando su protección real, el Cabildo Insular de Fuerteventura, a través
del consejero de Cultura del PSOE, Juan Jiménez, se despachó el expediente de
declaración de BIC en un mes. Para ello se volvieron a saltar lo dispuesto en
la legislación: se debe realizar un estudio pormenorizado de los valores a
proteger, estableciendo la protección no solo a los grabados, sino al espacio que
los sustenta y los dota de contexto e interpretación: la Montaña de Tindaya. No
se realizó ningún estudio. El expediente se basa en el informe de Fernando
Álamo Torres, procedente de la memoria arqueológica del proyecto de Chillida. La
Consejería de Cultura y Patrimonio, además, cercenó el informe técnico: en el
estudio se solicitaba la protección no solo de los grabados sino de todos los
valores arqueológicos de la Montaña. Para mayor escarnio, la delimitación
propuesta por el Cabildo es de dos metros a partir de los grabados algo que,
según el doctor en Historia y arqueólogo José de León, no tiene precedentes en
toda la gestión del patrimonio histórico del Estado español. En resumen, una
mierda de expediente que debería avergonzar al consejero y a los técnicos que
lo firmaron y que volverá a enredar aun más, si cabe, la madeja administrativa
de un caso delirante.
La segunda sentencia es de apenas
una semana. El Tribunal Supremo ha desestimado la devolución del dinero público
-23 millones de euros- que nos robaron directamente a través del entramado
corrupto que auspició el propio Gobierno de Canarias. Es más, la sentencia deja
claro que el Gobierno fue parte conocedora e interesada de ese robo. Al día
siguiente, cómo no, el portavoz del Gobierno volvió a repetir la consabida
matraquilla: el proyecto es irrenunciable. A estos les da igual las sentencias
judiciales, el dinero común y la oposición ciudadana. El negocio es el negocio.
Pero, casi al mismo tiempo, la diputada majorera del PSOE, Belinda Ramírez, manifestaba
que la obra no es un proyecto prioritario y que no se debe gastar ni un euro
más en esa ocurrencia. ¿A quién debemos creer?
El caso Tindaya es sintomático
del estado catatónico en el que se encuentra un partido que pretende ser una alternativa de gobierno. Y es un
ejemplo de por qué las personas de izquierdas que alguna vez creyeron su canto
de sirena les dan la espalda. Son incapaces de plantarse, si quiera, ante un
caso flagrante de corrupción que arrastra la friolera de dieciocho años. Dicen
una cosa y hacen la contraria solo con la finalidad de beneficiarse de los
repartos de cargos que le garanticen cuatro años en la política profesional. No
hay más. Mientras la diputada majorera vendía el humo a los cuatro vientos, su
compañero de partido, Juan Jiménez, firmaba un expediente que constriñe la
delimitación del BIC a su mínima expresión, para que no sea impedimento a la
osadía de vaciar el espacio natural y cultural con más figuras de protección de
este Archipiélago.
Y nos entra la duda de si nos toman
por tontos o no dan más de sí, porque esa estrategia de permanecer en el limbo
político la repiten con insistencia. Un ejemplo más de cómo un partido lleva a
lo extremos la máxima de que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la
derecha. El PSOE en Canarias saca su mano izquierda para brindarle al sol y si
tiene que cerrarla para entonar la Internacional ante las cámaras no duda en
hacerlo. Con la derecha contribuye, sin ambages, a limitar los derechos civiles
y a participar de la corrupción sin mostrar arrepentimiento. Tindaya, es todo
un ejemplo.
