El origen de la cifra maldita es
un estudio publicado por el periódico digital El Aguijón basado en
supuestas informaciones institucionales. Enrique Bethencourt y otros críticos
hacen hincapié, acertadamente, en que las cifras no cuadran, como las que
computan en 650 los cargos políticos en el Congreso y en el Senado cuando, en
realidad, la cifra exacta es de 616. Otros apartados del estudio también
parecen desmesurados. Pero los críticos como Bethencourt caen en el mismo error
que el artículo que critican: no hacen bien las cuentas. Y no las hacen porque
parten de un error de bulto, el de considerar exclusivamente como cargos
políticos los cargos electos, error derivado a su vez de una concepción de la
política hipermétrope, ese que considera que la política es la que se ejerce en
las instituciones.
Volvamos a las cifras.
Bethencourt extrapola los datos a la comunidad canaria y, basándose en un
cálculo matemático en función del porcentaje de población, sostiene que el
estudio concedería a Canarias unos 20.050 políticos cuando, según sus cuentas,
son solo 1.675, total de la suma de parlamentarios, consejeros de Cabildos y
concejales. Vaya. Según Bethencourt las Viceconsejerías o las Direcciones Generales
no están ocupadas por cargos políticos y en sus críticos cálculos ni siquiera
serían cargos políticos algunos miembros del propio Gobierno de Canarias que no
son diputados y que han sido designados. Él mismo, que fue director general de
Relaciones Informativas (sí, existe —o existió— una Dirección General de eso),
no habría ejercido ese cargo como político. Imaginamos, por tanto, ya que se
trata de un puesto de trabajo en la Administración, que se realizó una
convocatoria pública a la que se pudieron presentar todos los profesionales del
periodismo que quisieron y que fue su currículo profesional -y no la ideología
ni la amistad- el que le reportó tan prestigioso cargo.
Si se siguen los cálculos de
Bethencourt toda la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad,
por poner un ejemplo, estaría gestionada por un solo político, su Consejero (y
porque en este caso es también diputado autonómico), entonces ¿quiénes están al
frente de la Viceconsejería de Educación, de las dos Direcciones Territoriales,
de las cinco Direcciones Generales, de la Inspección, del Instituto canario de
Evaluación y Calidad Educativa y de las siete Oficinas Insulares del
organigrama educativo institucional canario?; ¿qué criterios se utilizan para
designar la cantidad de asesores que acompañan a cada uno de esos cargos que
Bethencourt borra del mapa político?; ¿cuántos son? Sin contar a estos últimos,
pasaríamos de un cargo político a
diecisiete en una sola Viceconsejería; los contracálculos no cuadran.
¿Qué son, en definitiva, los veinticinco puestos de confianza contratados por
el Cabildo Insular de Fuerteventura durante esta legislatura?, ¿se han elegido
tras un libre proceso selectivo?, ¿no pesa la militancia política, el nepotismo
y el clientelismo?, ¿son necesarios?
No sabemos si son 20.050 los
cargos políticos (incluyendo tanto a los electos como a los designados) que
pululan por el universo institucional canario pero desde luego no son, ni de
lejos, los 1.675 que certifica el periodista. Tampoco sabemos si son más de
400.000 los que viven de la política institucional en el Estado. No sabemos
cuántos sobran porque ni siquiera podemos saber cuántos son. Aunque parezca
increíble, es imposible cuantificarlos porque esta democracia adolece de
transparencia, que es tanto como decir que adolece de democracia. Es cierto:
por la red recorren muchos bulos y mucha demagogia. Tengan cuidado, porque a
veces vienen camuflados de informaciones veraces.
