Tindaya en peligro y el PSOE en el limbo

En los últimos meses se han resuelto dos causas judiciales sobre la Montaña de Tindaya y el esperpéntico proyecto de agujerearla bajo la coartada de una pretenciosa obra de arte. La primera de las causas fue ganada por la Federación Ecologista Ben Magec – Ecologistas en Acción. El Gobierno de Canarias había aprobado, gracias a la labor del descatalogador de especies Domingo Berriel, las normas de conservación de ese Monumento Natural. Las normas fueron redactadas no para conservar el espacio y sus valores sino para permitir el agujero de Chillida. Las normas, entre otras barbaridades, obviaban la delimitación del Bien de Interés Cultural (BIC) que, por ministerio de ley, le corresponde al albergar la montaña una importantísima estación de grabados rupestres. Los grupos ecologistas y los profesionales de la arqueología en Canarias llevaban casi veinte años solicitando su declaración de BIC, su delimitación y su protección. En todas esas peticiones se solicitaba que se declarara Bien de Interés Cultural a toda la montaña. A pesar de ser el órgano competente y de estar obligado a su declaración formal, el Cabildo de Fuerteventura jamás procedió a hacerlo, incumpliendo lo legalmente dispuesto.

La sentencia anula las normas de conservación aprobadas por el Gobierno de Canarias, entre otros argumentos, porque no se había procedido a la delimitación del BIC. Al día siguiente el portavoz del Gobierno de Canarias manifestó que el proyecto (de abrirle un boquete para negocio de particulares) seguiría adelante. Es un proyecto irrenunciable; más bien un negocio irrenunciable.

Después de veinte años solicitando su protección real, el Cabildo Insular de Fuerteventura, a través del consejero de Cultura del PSOE, Juan Jiménez, se despachó el expediente de declaración de BIC en un mes. Para ello se volvieron a saltar lo dispuesto en la legislación: se debe realizar un estudio pormenorizado de los valores a proteger, estableciendo la protección no solo a los grabados, sino al espacio que los sustenta y los dota de contexto e interpretación: la Montaña de Tindaya. No se realizó ningún estudio. El expediente se basa en el informe de Fernando Álamo Torres, procedente de la memoria arqueológica del proyecto de Chillida. La Consejería de Cultura y Patrimonio, además, cercenó el informe técnico: en el estudio se solicitaba la protección no solo de los grabados sino de todos los valores arqueológicos de la Montaña. Para mayor escarnio, la delimitación propuesta por el Cabildo es de dos metros a partir de los grabados algo que, según el doctor en Historia y arqueólogo José de León, no tiene precedentes en toda la gestión del patrimonio histórico del Estado español. En resumen, una mierda de expediente que debería avergonzar al consejero y a los técnicos que lo firmaron y que volverá a enredar aun más, si cabe, la madeja administrativa de un caso delirante.

La segunda sentencia es de apenas una semana. El Tribunal Supremo ha desestimado la devolución del dinero público -23 millones de euros- que nos robaron directamente a través del entramado corrupto que auspició el propio Gobierno de Canarias. Es más, la sentencia deja claro que el Gobierno fue parte conocedora e interesada de ese robo. Al día siguiente, cómo no, el portavoz del Gobierno volvió a repetir la consabida matraquilla: el proyecto es irrenunciable. A estos les da igual las sentencias judiciales, el dinero común y la oposición ciudadana. El negocio es el negocio. Pero, casi al mismo tiempo, la diputada majorera del PSOE, Belinda Ramírez, manifestaba que la obra no es un proyecto prioritario y que no se debe gastar ni un euro más en esa ocurrencia. ¿A quién debemos creer?

El caso Tindaya es sintomático del estado catatónico en el que se encuentra un partido que pretende  ser una alternativa de gobierno. Y es un ejemplo de por qué las personas de izquierdas que alguna vez creyeron su canto de sirena les dan la espalda. Son incapaces de plantarse, si quiera, ante un caso flagrante de corrupción que arrastra la friolera de dieciocho años. Dicen una cosa y hacen la contraria solo con la finalidad de beneficiarse de los repartos de cargos que le garanticen cuatro años en la política profesional. No hay más. Mientras la diputada majorera vendía el humo a los cuatro vientos, su compañero de partido, Juan Jiménez, firmaba un expediente que constriñe la delimitación del BIC a su mínima expresión, para que no sea impedimento a la osadía de vaciar el espacio natural y cultural con más figuras de protección de este Archipiélago.

Y nos entra la duda de si nos toman por tontos o no dan más de sí, porque esa estrategia de permanecer en el limbo político la repiten con insistencia. Un ejemplo más de cómo un partido lleva a lo extremos la máxima de que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. El PSOE en Canarias saca su mano izquierda para brindarle al sol y si tiene que cerrarla para entonar la Internacional ante las cámaras no duda en hacerlo. Con la derecha contribuye, sin ambages, a limitar los derechos civiles y a participar de la corrupción sin mostrar arrepentimiento. Tindaya, es todo un ejemplo.

La mamanza

En algunos sitios de Canarias, hasta hace algunos años, era común un término que designaba algo así como el acaparamiento desigual de los recursos que ocasionaba una ventaja para algunos y una desventaja para otros. Cuando se improvisaban los equipos de fútbol en los parques y en las calles y un equipo reunía a los mejores jugadores, descompensando así el partido, no era extraño que el capitán del equipo agraviado se dirigiese al otro con una queja airada: "¡Tú lo que quieres es la mamanza!"

En el que fuera segundo aeropuerto de Fuerteventura, Los Estancos, se están realizando las obras del primer Parque Tecnológico de Canarias. Se trata de la obra pública de este archipiélago con más financiación en el año 2013: 20 millones de euros, cuya mayor parte proviene de los fondos europeos. Dos UTEs realizan las obras en las que trabajan unas 120 personas. La campaña de propaganda que vende el Parque Tecnológico insiste en que se trata de una obra clave para diversificar la economía majorera y canaria puesto que será el escenario para la instalación de empresas de Investigación, Desarrollo e Innovación. La obra es, por tanto, la creación de una infraestructura con dinero público para que los empresarios, los pobres, se cobijen en ella para hacer sus negocios: una auténtica mamanza.

El primer parque tecnológico de Canarias (en el Estado hay más de cuarenta, la mayoría infrautilizados) es una creación de control y mamoneo político. Se gestiona a través de una sociedad anónima pública y el capital pertenece en su totalidad al Cabildo. Su Consejo de Administración es, con alguna excepción, un cónclave de políticos y funcionarios (con militancia política) que ven de esa manera aumentar sus buenos salarios con la asistencia a los plenos. Hay miembros de tres partidos políticos, CC, PSOE y el PPM, algunos de los cuales sustituyen a anteriores consejeros del PP. Destaca la presencia de un genio del I+D+I, Domingo González Arroyo, nombrado segundo vicepresidente del Consejo de Administración y que, a partir de su nombramiento, se bebe los vientos (y viceversa) por el presidente del Cabildo, Mario Cabrera, que también es presidente del Consejo de Administración. Tras décadas de insultos mutuos y de llamarse de todo menos bonito, (Mario lo acusaba de destructor, de marqués y de facha y Domingo le respondía que era un sectario, un talibán y el medianero de ATI en Fuerteventura) la mamanza del Parque Tecnológico los ha unido como baifos que comparten una misma ubre.

Destaca también que un vocal del Consejo de Administración, Tenesor Martín Torres, sea personal de confianza del presidente del Cabildo, puesto por el que cobra 4.888 euros brutos mensuales a lo que habría que sumar las gratificaciones por las asistencias a los plenos del Consejo. Un doble enchufe sin anestesia. O el caso de Luis Alba Vilches, un socialista sui genéris al que tampoco le basta con los emolumentos desorbitados que cobra como director general del Instituto Canario de Administración Pública (¿alguien sabe para qué demonios sirve ese organismo?).

Que el Parque Tecnológico es una mamanza lo sabemos desde sus orígenes. En el año 2009, se le asignan a dedo 58.000 euros a un empresario vasco, Manuel Cendoya Martínez, para que preste el servicio de "Asesoramiento para el desarrollo del Parque Tecnológico de Fuerteventura". La adjudicación a dedo fue todo un despropósito: en agosto de aquel año se le otorgó la adjudicación definitiva a ELEMATEC S.L. cuyo representante legal era el mencionado empresario. Por algún asunto que desconocemos cuatro meses después se volvió a realizar una nueva adjudicación definitiva, esta vez a la empresa Kunayala S.L., cuyo administrador único es, nuevamente, el señor Cendoya. La empresa Kunayala. S.L. fue constituida a finales de septiembre de 2009; dos meses después el Cabildo de Fuerteventura le da los 58000 euros. Todo parece indicar de que se trata de una empresa creada ex profeso y como única finalidad para hacerse con esa partida económica pública.

El Parque Tecnológico no se sabe para qué se va utilizar, ni qué empresas allí se instalarán. Si alguna vez se utiliza será para facilitarle a los ricos sus negocios. Pero de momento está sirviendo para que las empresas constructoras alivien su crisis. Los 20 millones de euros les garantizan buenos beneficios (la media de los salarios de los 120 trabajadores no supera los 1000 euros) al mismo tiempo que generan sobresueldos para los participantes políticos del Consejo de Administración. Una verdadera mamanza que ilustra como, en tiempo de crisis, los hábitos de la corrupción continúan vivitos y coleando. Castellón, Huesca o Ciudad Real cuentan con aeropuertos sin aviones ni pasajeros. Fuerteventura puede batir todos los récords: contar en un futuro próximo con un antiguo aeropuerto, lleno de edificios bioclimáticos y corrupción y vacío de aviones, de sensatez y de humanidad. 

Ave, César, Maxorata te saluda

Desde hace veinte años aproximadamente un grupo de arqueólogos y profesores universitarios -conocidos informalmente como el movimiento zanatista- se ha empeñado en demostrar que la prehistoria canaria tiene su explicación en las culturas mediterráneas, principalmente fenicias, púnicas y romanas. Según sus hipótesis, la primera colonización de este archipiélago vendría dada por un desembarco de poblaciones norteafricanas traídas con una finalidad económica: la explotación de los recursos insulares en beneficio de aquellas culturas mediterráneas. De esta forma no solo el poblamiento inicial sino su organización social posterior vendría marcado por su vínculo con las culturas de la cuenca mediterránea y, por lo tanto, europeas. La hipótesis, por antonomasia, tiene la validez que tienen todas las hipótesis pero su refrendo solo lo puede aportar la demostración.

En estos veinte años el grupo zanatista ha buscado y rebuscado evidencias que pudieran demostrar sus hipótesis. Han contado para ello con el favor institucional que, traducido en canario, significa dinero. Desde la presentación al mundo de su acto fundacional -la denominada piedra zanata, una piedra descontextualizada de su entorno arqueológico con serias sospechas de que bien pudiera ser un fraude-, a la realización de la exposición Fortunatae Insulae; Canarias y el Mediterráneo, organizada por el Museo Arqueológico de Tenerife que costó una purriada de millones de pesetas en el año 2004. Sorprende la facilidad con que el movimiento zanatista obtiene las bendiciones para realizar excavaciones arqueológicas en una tierra cuyas instituciones -como en el caso de Fuerteventura- tienen abandonados a su suerte a cientos de yacimientos y que no han sido capaces siquiera de declarar Bien de Interés Cultural a la Montaña de Tindaya y protegerla como se merece. Pero más sorprende la capacidad del grupo zanatista de levantar nuevas hipótesis tras leves sondeos visuales sobre algunos restos arqueológicos, convocando a los medios de persuasión y acompañados de representantes de la casta política que se apuntan a una foto como lapa al bajío.

El problema principal del movimiento zanatista es que intenta adaptar cualquier evidencia arqueológica a sus hipótesis en un forzado ejercicio de dudoso rigor científico. Así, en su afán de que Europa nos acoja en su Historia Antigua, el zanatismo está reinterpretando la historia pre-europea canaria (que de esa manera dejaría de ser pre-europea) de forma muy sui géneris: las pintaderas ya no los son, los pozos del Rubicón no son normandos, una estructura de piedras se convierte en todo un almacén para la exportación, las casas aborígenes de Gran Canaria se trasmutan en adaptaciones canarias de los hipogeos fenicios, los grabados rupestres de barcos en pruebas evidentes de que los mediterráneos estuvieron asentados en Canarias durante siglos y las salinas de la Punta de Rasca en Tenerife o las de Lanzarote en industrias al servicio de la madre patria europea. El caso más singular de la osadía zanatista fue divulgar la posibilidad de que una roca en el fondo de un barranquillo en el municipio tinerfeño de El Tanque albergaba el grabado rupestre de un toro. El animal, por muchas perras de vino que uno se pudiera tomar para contemplarlo, es imperceptible, ya que en realidad son las marcas de una moderna pala mecánica, a lo mejor traída desde el mediterráneo en un container, pero poco fenicia. No le va a la zaga la disparatada interpretación de las aras de sacrifico de La Gomera que el zanatismo quiso convertir en  atalayas desde las cuales los vigías gomeros escudriñarían la mar en busca de los atunes que luego se salarían en invisibles salinas o se tratarían en inexistentes factorías.

Buscar pruebas para confirmar las hipótesis es un trabajo arduo que muchas veces la realidad nos niega. Pero la honestidad en los planteamientos y en los métodos es crucial para la ciencia. Durante las Jornadas de Estudio de Lanzarote y Fuerteventura de 2011 se expusieron por parte del movimiento zanatista los resultados de dos excavaciones realizadas en Fuerteventura que bien pudieran denominarse En busca de las vasijas perdidas. En ambas excavaciones se encontraron algunos fragmentos de cerámicas de presumible procedencia mediterránea. Lo curioso es que en su búsqueda se descarta todo vestigio de innegable adscripción aborigen. En el caso de Lomo Lesque (Puerto Cabras) el yacimiento sufrió un evidente deterioro debido a la excavación y entre los restos de la tierra extraída (y amontonada como material de desecho) son perceptibles a simple vista decenas de fragmentos de cerámica de factura majorera pre-europea. En el caso de El Junquillo (Antigua) los fragmentos de cerámica aborigen se cuentan por centenas solo con una leve prospección de su superficie. Tales resultados, lejos de reforzar el vínculo de los mahos con el mundo norteafricano, se revelan para los zanatistas como evidencias inequívocas de la presencia mediterránea en Canarias aunque la proporción encontrada de cerámica hecha con torno sea de 1/10.000.

Nadie discute que barcos procedentes del Mediterráneo recalaron en Canarias en la antigüedad. Es probable que, ocasionalmente, se hayan producido intercambios esporádicos con otras culturas. Pero hasta el momento, y van ya veinte años de intentos, no existe ninguna prueba documental ni arqueológica que justifique que hubo asentamientos permanentes de culturas mediterráneas en las islas antes de la conquista castellana ni que las poblaciones bereberes llegadas a Canarias trabajasen -no se sabe con qué beneficio- para aquellas. Así todo, el reciente descubrimiento en la Isla de Lobos de restos de cerámica de posible adscripción romana junto con restos de moluscos ha dado pie, nuevamente, a divulgar sin ninguna certeza científica toda una teoría de explotación económica de los recursos insulares. La prudencia, desde luego, no es una cualidad de la que hagan gala los zanatistas. Se puede entender que la clase política se apresure a reconocer nuestro pasado romano porque, al fin y al cabo, son los herederos de clase de los patricios; se puede comprender que los titulares periodísticos busquen el sensacionalismo más banal porque en eso se ha convertido el periodismo de empresa. Pero que desde las universidades se vendan hipótesis hasta ahora indemostrables como verdades históricas es una irresponsabilidad que en los tiempos romanos sería castigada con trabajos forzados en las galeras.