Deportación de un uruguayo insensato

Cuando se están escribiendo estas palabras un ciudadano uruguayo, llamado José Morales Brum, está detenido en alguna comisaria de Tenerife. Tal vez; porque también es posible que José esté volando ya de vuelta a su país de origen en un viaje organizado por el Gobierno de España. Si así fuese, lo estarían deportando.

José Morales tenía en su contra tres agravantes: es comunista, inmigrante y activista. Pero en realidad a José lo deportan por ser inmigrante y no tener la boca cerrada, como se supone que debe ejercer un buen inmigrante que se quiera integrar en nuestra sociedad. Si fuese de aquí lo podrían moler a palos, acusarlo de resistencia a la autoridad, detenerlo injustificadamente y salir del calabozo con la cara partida, como le pasó a nuestro paisano Alberto Rodríguez en la capital tinerfeña cuando intentaba llegar a la manifestación de la gente indignada el 12M. Pero a Alberto no lo pudieron deportar, aunque ganas no les faltaría.

José Morales vivía desde hace algunos años en Lanzarote y en vez de dejar la conciencia en su país de origen se la trajo consigo. En julio de 2011 había participado en una concentración en Arrecife en apoyo al pueblo saharaui. Allí un policía infiltrado se dedicaba a sacar fotografías a los asistentes. Cuando José, cámara en mano, empezó a sacarle fotos al policía de paisano, este se la arrebató. Se originó un tumulto y el policía sacó su arma. Según la denuncia policial -que le acarreó a José su primer expediente de expulsión- el activista provocó con su actitud graves alteraciones que pusieron en grave peligro la seguridad de los dos agentes infiltrados en la concentración. José, por ser uruguayo, desconocía que aquí una cámara que apunta tiene más peligro que una pistola que apunta.

José, además, es reincidente y, lejos de acostumbrarse a nuestras costumbres, acudió el 10 de febrero de este año a una concentración espontánea ante la sede del PP en Arrecife. Allí el ministro Soria, máximo valedor de que Repsol pueda explotar los yacimientos petrolíferos de las aguas canarias, fue increpado por la multitud. La policía denunció a siete personas. A seis -no inmigrantes- se les sancionó con 300 euros; a José con 400 y nuevo expediente de expulsión.

Ayer José fue a firmar el trámite burocrático al que le obligaba su expediente sancionador. Fue detenido, se le permitió que alguien le hiciera llegar sus pertenencias y se le comunicó que lo iban a deportar. Durante cinco años, si el recurso presentado por su abogado en el Tribunal de Estrasburgo no prospera, no podrá pisar ni el suelo canario, ni el español, ni ningún suelo de la Europa de las libertades. Lo mismo José ya está en Uruguay, tomándose un mate "Canarias", más amargo que nunca. Lo mismo está en Montevideo, la ciudad fundada hace casi tres siglos por unas familias emigrantes de Canarias.