Fuera del sistema

Alessandro es italiano, al menos eso pone su identificación oficial. Porque Alessandro es, antes que nada, una persona, una buena persona. Jubilado por una enfermedad crónica, lleva dos años viviendo en Fuerteventura. Y viviendo, en el caso de Alessandro, significa compartiendo. Podía, el bueno de Alessandro, haberse dedicado a contemplar la vida desde su retiro, disfrutar del clima que no encuentra en el norte de Italia, tumbarse en una hamaca y desentenderse del sitio donde vive. Como hacen otros extranjeros, como hacen muchos españoles, como hacen muchos canarios. Tumbarse al sol y quedarse quieto como un lagarto. No es una mala opción: es cómoda, genera pocas frustraciones y permite que nos enteremos de lo que pasa en nuestra tierra a través de los medios sin necesidad de estar cogiendo muchos nervios. Pero Alessandro se trajo consigo a Fuerteventura su conciencia en vez de dejarla esquiando en los Alpes. Y lo mismo está en una concentración en defensa de Tindaya que luchando contra Repsol; lo mismo apoya a una persona en huelga de hambre que reivindica la recuperación de 4.200 hectáreas para Fuerteventura, usurpadas en 1976 para que el ejército español juegue a la guerra. En fin, Alessandro es muchas cosas, salvo un turista sanitario. Pero al muy desaprensivo no se le ocurrió otra cosa que nacer en Italia.

Hace un mes este italiano desinquieto solicitó consulta con su médico de cabecera. Se la dieron y el día señalado acudió a su centro de salud, preguntó en ventanilla, comprobaron sus datos y le dijeron: "Los sentimos: está usted fuera del sistema". Lo mandaron a las oficinas de la Seguridad Social de Puerto Cabras y allí le dieron, como única información, una fotocopia según la cual formaba parte de las personas afectadas por el Real Decreto Ley 16/2012, las que ya no tienen derecho a la asistencia sanitaria pública. A Alessandro le pasa esto por ser italiano, pero le hubiese pasado lo mismo si hubiese sido colombiano, marroquí, saharaui, alemán o paraguayo. Salvo que cotices o tengas un trabajo, si eres extranjero ¡estás fuera del sistema!

Alessandro es una entre las 5.380 personas que, solo en Fuerteventura y según cifras oficiales, se ha quedado sin cobertura médica desde el 1 de septiembre. Se desconoce el número total de personas afectadas en Canarias. Un día antes de la aplicación del Decreto-Ley el portavoz del Gobierno de Canarias manifestó que el Servicio Canario de Salud "no dejará de atender a nadie que lo necesite y que no tenga recursos", por lo que seguirá prestando atención sanitaria tanto a las excepciones que incluye el decreto, como a las personas que cumplan con el requisito de carecer de recursos económicos y tener la necesidad de ser atendidas por la sanidad pública. El Gobierno de Canarias no permitirá que nadie que necesite ser atendido y no tenga recursos económicos no reciba esa atención". El Ejecutivo canario considera que la salud es "un derecho fundamental y universal, no como una declaración retórica sino como un factor básico de cohesión social" (La Provincia, 31 de agosto). Esta sí es una declaración retórica, básicamente por dos razones. Primero, porque para el Gobierno de Canarias, por poner un ejemplo, un programa televisivo casposo, rancio, insufrible, como ¡Viva la fiesta! también es un factor básico de cohesión social ("La Radio Televisión Canaria es un elemento fundamental en favor de la cohesión social y territorial": Paulinorivero.com, Post del 26 de abril) y, segundo, porque es una solemne mentira y el Gobierno de Canarias está aplicando la norma que liquida el derecho a una sanidad universal al pie de la letra.

Por si no fuese suficiente ilustrativo el caso de Alessandro, el siguiente es un mapa elaborado por Médicos del Mundo. Las Comunidades Autónomas que aparecen en verde son las que no están aplicando el Decreto-Ley; las que están en amarillo han arbitrado alguna medida administrativa para garantizar la asistencia sanitaria a todas las personas; las de color rojo, entre las que se incluye Canarias, han dejado sin este derecho a las personas afectadas por la nueva norma. Canarias es, además, la única de entre las que están aplicando el Decreto que no está gobernada por el PP.

Esta tierra, gracias a sus gobernantes, lidera las estadísticas sociales negativas del Estado: mayor tasa de paro, mayor índice de pobreza, mayor fracaso escolar, salarios más bajos, mayores listas de espera sanitarias, régimen electoral menos democrático, mayores beneficios fiscales para la patronal. Y ahora también líderes en insolidaridad. Una tierra única donde los excluidos han sido, como virus, definitivamente expulsados del sistema. 

Perdonen las medidas: estamos recortando

Hace unas semanas el Parlamento de Canarias aprobó el recorte del recorte del recorte. Compungidos y afectados, los portavoces políticos nos explicaron que son medidas difíciles y dolorosas, que ojalá que no las hubiesen tenido que tomar, pero que, claro, a fin de cuentas, son medidas necesarias, vamos, que no queda otro remedio. Las medidas se resumen en dos: bajar por segunda vez el sueldo de los empleados públicos y subir el IGIC, el impuesto sobre el consumo que afecta a todo el mundo de la misma manera. Estas medidas, tan difíciles y dolorosas, se toman porque no hay otras partidas donde rascar.

Antes de este recorte del recorte de los recortes, el Gobierno de Canarias ya había reducido el presupuesto de los servicios que afectan a las personas empobrecidas. Recordemos que en Canarias, según el Instituto Nacional de Estadística, el 35'5% de sus habitantes resisten en condiciones de precariedad, es decir, una de cada tres personas no percibe los ingresos ni tiene las condiciones mínimas para asegurarse una vida digna. En el presupuesto de 2012 los Servicios Sociales de Canarias sufrieron un recorte de al menos 55 millones de euros, afectando de manera importante a las prestaciones básicas que se les debiera dispensar a esas personas a las que el sistema margina y excluye. Se supone que, en una situación como la actual, donde la exclusión, la marginalidad y la precariedad aumentan, lo lógico sería aumentar el «presupuesto social» para intentar paliar estas desigualdades, justo lo contrario de lo que hace el Gobierno de Canarias.

Estas medidas, tan dolorosas y difíciles, son tomadas al mismo tiempo que los presupuestos mantienen partidas millonarias, injustificadas socialmente. Aunque parezca surrealista, en los presupuestos de este año el Gobierno destina 608 mil euros para el proyecto de agujerear Tindaya. Con ese dinero, por ejemplo, cien personas de Canarias podrían recibir durante un año un salario de 500 euros mensuales. Se mantiene una partida de 4'5 millones de euros para la policía pretoriana del presidente Paulino, la denominada guanchancha. Con ese dinero, gastado innecesariamente, 750 personas podrían percibir 500 euros mensuales durante un año. Y la Radio Televisión Canaria cuenta con un presupuesto de 37 millones de euros. Haciendo la misma operación, con ese dinero 6.166 personas podrían percibir un salario mensual de 500 euros.

Nos hemos detenido en estas tres partidas porque explicitan la contradicción: el Gobierno de Canarias se sigue gastando el dinero en asuntos superfluos, sin ningún beneficio social, mientras se bajan las ayudas y se suprimen los proyectos destinados a evitar la exclusión. Con el dinero que se ahorraría de esas tres partidas 7.000 personas podrían empezar a respirar. Pero aún quedarían miles de ellas en las estadísticas de la miseria. No hay dinero.

¿No hay dinero? En esta tierra, con los indicadores sociales y de calidad de vida más bajos de todo el Estado, la gente más adinerada está exonerada de pagar impuestos. La clase empresarial, a través de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) puede librarse de pagar hasta el 90% de sus impuestos. Y ese dinero -que no ingresa la hacienda pública- se acumula para que el propio empresariado lo pueda volver a invertir en nuevos negocios. La RIC es una caja sin fondo y descontrolada, de tal manera que ni el propio empresariado ni el Gobierno de Canarias sabe a ciencia cierta cuánto dinero hay acumulado en estos momentos. Bajo este mecanismo de fraude fiscal legalizado se estima que, entre los años 1994 y 2002, Canarias dejó de ingresar más de 11.000 millones de euros. Algunos economistas consideran que calcular la actual dotación de la RIC en unos 4.000 millones de euros no es una estimación desmesurada. Con ese dinero -que tendría que haberse ingresado en las arcas públicas- más de 330.000 personas podrían recibir 1.000 euros mensuales durante un año. Y no nos vengan con tonterías de que la ley no lo permite, que aquí han modificado hasta la Constitución para someternos a la dictadura del déficit público.

No sé a ustedes, pero a mí, cuando oigo a los portavoces de este u otro gobierno lamentar los recortes porque son medidas difíciles y dolorosas, se me despierta cierto sentido primario, algo así como las ganas de soltarles un tollo en el totizo; aunque reconozco que mejor sería incorporarlos directamente a las estadísticas de la exclusión para que sientan en carne propia lo que es vivir en una situación difícil, llena de dolor.