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sábado, 9 de junio de 2012

Cosas que no salen en los medios

Una lista

Cada semana un premio Nobel de la Paz revisa una lista que le entregan sus asesores militares y de la CIA. En ella están apuntados los nombres de los presuntos terroristas que deben ser eliminados, ejecutados sin proceso jurídico, en algunos países: en Yemen, en Pakistán, en Somalia, en Filipinas. La lista se conoce como la Lista de Asesinatos (Kill List). Obama la repasa, consulta algunas cuestiones, pregunta algunos detalles y le da el visto bueno como si supervisara la lista de la compra. De los asesinatos se ocupan los aviones no tripulados (Drones) que suelen tener buena puntería; a veces. Otras veces sus ataques matan accidentalmente a gente que pasaba por allí y que no estaban en la lista.

La selección de los nombres que se incluyen en la Lista de Asesinatos es fruto de un Gran Hermano. Todos los martes cien asesores se conectan mediante videoconferencia y pasan un power point con las fotografías y biografías de los futuros asesinados. Se nominan y se votan a los merecedores de estar en la lista definitiva, la que aprobará el presidente. Se trata de una labor complicada y puede que en las nominaciones influya el corte de pelo o la mirada desafiante del fotografiado; o el mal humor que le haya producido al asesor estar cumpliendo con la dieta antiobesidad que está impulsando Michelle Obama. Para evitar implicaciones emocionales, cuando la lista de nominados le llega al premio Nobel de la Paz, las fotografías pasan a denominarse "tarjetas de béisbol". Y el entrenador decide a qué jugador hay que neutralizar para que la partida la siga ganando el Imperio.

Un país

Durante marzo y abril de  2010 todas las miradas informativas se dirigieron a Islandia. Un volcán -solo pronunciable en islandés- reventó, emitiendo una enorme nube de ceniza que hizo que se cerrara el espacio aéreo de gran parte de Europa. Fue, nos contaron los medios, todo un ejemplo de que la naturaleza es imprevisible pero que la tecnología y el ser humano -en sus variantes occidentales- tienen capacidad para paliar sus consecuencias.

Un año antes, en medio de una espectacular crisis financiera, la ciudadanía islandesa había subvertido el orden. En vez de actuar contra los manifestantes, el Estado islandés fue a por los banqueros, los detuvo y los está procesando; en vez de rescatar a los bancos, dejaron que quebraran y los pusieron bajo control público; en vez de pagar las deudas a los bancos extranjeros se negaron a hacerlo; en vez de votar por los mismos que habían generado la crisis, el pueblo islandés obligó a dimitir a su Gobierno, realizó un proceso constituyente, elaboró una nueva constitución (con las aportaciones realizadas a través de las redes sociales) y eligió un nuevo Parlamento. En el año 2011, después de tomar estas medidas, la economía islandesa creció el doble que la media europea. Su última medida social ha sido la de perdonar las deudas hipotecarias contraídas por una parte importante de su población, evitando el robo financiero y los desahucios. A pesar de todas estas medidas Islandia ha sido borrada del mapa informativo en espera de que estalle un nuevo volcán.

Una alternativa

El vacío informativo es un agujero negro selectivo y en él caen atrapadas las noticias que no deben ver la luz. Dentro de una semana tendrán lugar unas nuevas elecciones en Grecia y algunas encuestas le otorgan la victoria a Syriza, una coalición de partidos y asociaciones de izquierda y ecologistas. En los medios de persuasión de masas las referencias a Syriza son escasas y cuando la nombran es para compararla, e igualarla, con el partido de ultraderecha Amanecer Dorado. Las dos opciones, nos cuentan, son extremas y por lo tanto repiten esa estupidez de que los extremos se tocan.

El programa electoral de Syriza tiene cuarenta puntos. Aparte de incluir una suspensión de los pagos de su deuda y dejar sin efecto las condiciones impuestas por la Unión Europea, la coalición propone subir los impuestos -hasta un 75%- a las personas acaudaladas; combatir la evasión y el fraude fiscal; reducir drásticamente el presupuesto militar, cerrar todas las bases militares de Grecia y salir de la OTAN; nacionalizar los bancos y los hospitales privados; subir el salario mínimo y las prestaciones al desempleo y ayudar a las familias que no pueden hacer frente a sus hipotecas; abolir todos los privilegios parlamentarios; garantizar que las personas inmigrantes tengan acceso pleno a la sanidad y la educación o utilizar los edificios del Estado, la iglesia y la banca para alojar a las personas sin hogar.

Ante la posibilidad de que este programa radical gane en las elecciones los poderes europeos están interviniendo para evitarlo. El antaño líder del Mayo del 68 y hoy diputado del Partido Verde Europeo, Danniel Cohn-Bendit, ha explicado que el programa de Syriza es una auténtica estupidez y que aplicarlo sería como preguntarle a la población griega si prefieren suicidarse con un cuchillo o con un hacha. La población, de momento, no se ha pronunciado; pero seguro que prefiere suicidarse con sus decisiones a que los suiciden desde Alemania, el Banco Central o el FMI.


Unos periodistas que mueren con plena seguridad jurídica

A raíz de la nacionalización de Repsol por el Estado de Argentina y de la Red Eléctrica Española por parte del Estado de Bolivia, los sesudos analistas y periodistas de la desinformación española se pusieron de los nervios. Y concluyeron, los muy avispados, que en esos países -Bolivia y Argentina- no existía ninguna clase de seguridad jurídica. El periódico El País, por ejemplo, se atrevió a sacar un listado de los países latinoamericanos en donde sí existe eso que ellos llaman seguridad jurídica. La lista esta formada por México, Chile, Brasil y Colombia.

En Colombia, el último periodista asesinado, que sepamos, fue el director de la radio comunitaria Metro Radio Estéreo, Argemiro Cárdenas Agudelo, quien fue asesinado por un sicario cuando caminaba por una calle. Argemiro había recibido una llamada y cuando acudió a la cita le dispararon ocho balazos en el pecho. Reporteros Sin Fronteras publica anualmente una lista de los países donde la profesión periodística se ejerce con mayor seguridad; Colombia ocupa el puesto 143 de los 179 Estados existentes.

El 17 de mayo la policía del Estado de Sonora, en el norte de México, recibió una llamada anónima denunciando que el periodista del modesto diario "El Regional" de Ciudad Obregón, Marco Antonio Ávila, había sido raptado por un grupo de hombres armados. Según la ONG de defensa de la libertad de expresión Artículo 19, "los delincuentes habrían obligado al periodista a identificarse y a confirmar su profesión". Al día siguiente el cuerpo torturado de Marco Antonio Ávila fue encontrado en un descampado. México es uno de los países más peligrosos en el mundo para el ejercicio del periodismo. En 2012, al menos siete periodistas han sido asesinados, y con la muerte de Ávila, son seis los reporteros muertos en el mes de mayo, según datos de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Los Gobiernos de estos dos países -donde amenazan y asesinan a periodistas- reciben constantemente los elogios de la prensa conservadora española que, como El País, los definen como ejemplos de la seguridad jurídica. Los medios de desinformación sufren de amnesia. Y de algo más: ¿cómo definir como jurídicamente seguros a los países donde las empresas transnacionales pueden hacer sus negocios mientras asesinan a los periodistas?, ¿qué pensar de un periódico que antepone las acciones de Repsol antes que la vida de los propios periodistas?

martes, 1 de febrero de 2011

Lección de historia a través de la lluvia

El periódico El País publicó hace algunas semanas un (uno más) desquiciado editorial. Evo Morales había decretado el aumento de los combustibles en casi un ochenta por ciento. En realidad el presidente Morales había eliminado las subvenciones estatales a la gasolina cuyo resultado era la equiparación de los precios a los de los países del entorno intentando evitar, de esa manera, el constante contrabando de combustibles desde Bolivia. La medida tuvo una pronta respuesta popular y la gente se echó a la calle. Durante los dos días que duró el decreto El País se frotó las páginas. Inmerso en una continua campaña de descrédito y mentiras hacia Evo Morales de repente el periódico se puso del lado del pueblo intuyendo un desgaste que hiciera tambalear el puesto presidencial. Pero Evo entendió las protestas, retiró el decreto, las aguas volvieron al cauce y El País se quedó descolocado, incómodo, enrabietado. Entonces el editorial dictaminó su visión ética de la democracia: la rectificación era una pérdida irreparable e intolerable de autoridad, no vaya a ser que cunda el ejemplo.

Pero el editorial decía muchas más cosas. Aparte de intentar ridiculizar una vez más a Evo por ser indígena y creer en Pachamama (la madre Tierra para los indígenas andinos) El País sentenció que el problema de las extracciones de crudo y su comercialización en Bolivia era que, tras su nacionalización, las multinacionales extranjeras, las únicas según El País con capacidad de sacar a flote el Estado, no estaban por la labor. Con esta afirmación el periódico se declara, sin ambages, seguidor y vocero del colonialismo permanente. Quinientos años donde las empresas, tan amigas de El País, le han robado todo a Bolivia, hasta con la lluvia lo intentaron.

Ese es el tema de la espléndida película dirigida por Icíar Bollaín También la lluvia. Apoyada en un acertado guión de Paul Laverty, (un asiduo del cine de Ken Loach) la película se nos muestra como una verdadera lección de historia abordando el cine político y evitando dos lastres de este género: el aburrimiento y el panfleto. Con las historias que la cruzan, después de quinientos años, con una naturalidad sobrecogedora, También la lluvia nos recuerda la vigencia de un orden instaurado, el capitalismo, una de cuyas bases fundacionales fue la acumulación de oro y plata de los nuevos territorios conquistados. ¿Hay oro?, se preguntaba Colón a su llegada a las Indias; ¿el agua no tiene dueño?, se preguntaron las corporaciones y el Banco Mundial en 1999. Les respondieron que sí, que era de todos, pero que la cuestión era tan evidente que nunca se habían molestado en sacar los títulos de propiedad. Entonces se desató, en Cochabamba, la Guerra del Agua y, en la película, a Colón, a Bartolomé de Las Casas y a la mentalidad blanca, los coge dentro. Los escenas contrapuestas de los dos tiempos de la cinta son espejos que reflejan dos épocas pero una misma injusticia.

En una historia en donde el protagonista es el pueblo, la película está, además, maravillosamente interpretada: los profesionales metidos en su papel, los indígenas metidos en el suyo, resistiendo. ¡El agua es nuestra, carajo!, ponía la pancarta más emblemática de aquella guerra que ganaron los buenos. Es posible que algo parecido dijera alguna voz anónima en las manifestaciones de la recreación cinematográfica. A aquella sublevación popular que consiguió que se derogara la ley que privatizaba el agua se habían unido los cocaleros. Uno de ellos se llamaba Evo Morales, un indígena. No sale, pero sí está (a pesar de El País), en la película.