El 8 de marzo del pasado año cinco mujeres accedieron a la sede de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE). Eran y son activistas de Intersindical Canaria. Con gran dificultad pudieron desplegar una pancarta desde una de las oficinas. La dificultad no la produjo el peso de la pancarta, ni el texto que incluía (Mujeres de Canarias contra la Reforma Laboral), sino la oposición de algunos trabajadores y trabajadoras que defendieron a la empresa como si les fuera la vida en ello. Una reacción humana comprensible fruto del poder ideológico, del miedo, de asumir la (des) conciencia de que la empresa que nos explota es nuestra mejor amiga. El reproche más repetido de los trabajadores hacia las activistas durante la pacífica reivindicación fue la de "yo no me meto en tu casa sin permiso". Esa casa no es ni tan siquiera una empresa cualquiera, es la empresa de las empresas, la patronal, una agrupación elitista, una banda de explotadores, la representación divinizada del capital en esta tierra única.
En Canarias, con una población de más de dos millones de habitantes, cuatro mil personas se apropian del 80% de la riqueza que se genera. Ese 0'2 por ciento de la población se concentra, básicamente, en la CCE y esa casa que defendieron sus trabajadores está construida con el dinero que nos han robado y nos siguen robando. Pero, lejos de intentar su expropiación, las activistas solo querían advertir con su acción que esa casa es cómplice de la reforma laboral que ha aumentado los niveles de explotación de la mayoría, con especial repercusión en las mujeres. La acción reivindicativa fue grabada por Cristobal García Vera, colaborador de Canarias-semanal.org.
La patronal denunció a las sindicalistas y al reportero. Un año después la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas, María Victoria Rosell, miembro de la asociación Jueces para la Democracia, los procesaba. Finalmente a Cristobal García Vera el fiscal le retiró la acusación de un delito "contra la intimidad y la propia imagen"; a las cinco mujeres se les mantiene la acusación de haber cometido el delito de "allanamiento de domicilio de persona jurídica"; la fiscalía solicita para ellas una pena de un año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y abono de las costas. ¡Un año de prisión por denunciar que la reforma laboral solo beneficia al empresariado!
Represión universitaria
En febrero de 2011 un grupo de estudiantes con representación en el claustro de la Universidad de La Laguna, AMEC, denunció públicamente que desde la Facultad de Psicología se estaban tramitando negligentemente la adjudicación de becas y que, fruto de esos errores, unos trecientos jóvenes corrían el riesgo de perderlas. El decanato de la facultad se defendió aduciendo que las becas las tramita otro organismo (Fundación Canaria para la Promoción de la Educación, dependiente del Gobierno de Canarias) y que, según sus informes, eran solo cien las personas pendientes de obtener las becas. Los burócratas de la facultad se sintieron dolidos y ofendidos por tamaña injuria y elevaron la queja al rectorado; el servicio de Inspección propuso al rector que se le incoara expediente a veintitrés estudiantes por dos graves faltas: difamación y falta de probidad, que es la manera fina de designar la falta de honradez. Ambas faltas están recogidas en el Reglamento de Disciplina Académica que data del muy democrático año de 1954.
La patronal denunció a las sindicalistas y al reportero. Un año después la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas, María Victoria Rosell, miembro de la asociación Jueces para la Democracia, los procesaba. Finalmente a Cristobal García Vera el fiscal le retiró la acusación de un delito "contra la intimidad y la propia imagen"; a las cinco mujeres se les mantiene la acusación de haber cometido el delito de "allanamiento de domicilio de persona jurídica"; la fiscalía solicita para ellas una pena de un año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y abono de las costas. ¡Un año de prisión por denunciar que la reforma laboral solo beneficia al empresariado!
Represión universitaria
En febrero de 2011 un grupo de estudiantes con representación en el claustro de la Universidad de La Laguna, AMEC, denunció públicamente que desde la Facultad de Psicología se estaban tramitando negligentemente la adjudicación de becas y que, fruto de esos errores, unos trecientos jóvenes corrían el riesgo de perderlas. El decanato de la facultad se defendió aduciendo que las becas las tramita otro organismo (Fundación Canaria para la Promoción de la Educación, dependiente del Gobierno de Canarias) y que, según sus informes, eran solo cien las personas pendientes de obtener las becas. Los burócratas de la facultad se sintieron dolidos y ofendidos por tamaña injuria y elevaron la queja al rectorado; el servicio de Inspección propuso al rector que se le incoara expediente a veintitrés estudiantes por dos graves faltas: difamación y falta de probidad, que es la manera fina de designar la falta de honradez. Ambas faltas están recogidas en el Reglamento de Disciplina Académica que data del muy democrático año de 1954.
Posteriormente se realizó una criba entre los expedientados quedando limitada las sanciones a once de los estudiantes. En el interín AMEC publicó una nueva nota de prensa aclarando que no cuestionaba el papel profesional de los trabajadores/as de la Facultad de Psicología sino que denunciaban una situación angustiosa para las decenas de jóvenes pendientes de recibir el montante de sus becas. Los expedientes cristalizaron con duras sanciones para los afectados dada la irreparable ofensa de haber equivocado el centro de sus críticas: donde dijeron Facultad de Psicología deberían haber dicho Fundación Canaria para la Promoción de la Educación.
AMEC recurrió la resolución acudiendo a la justicia y la justicia recientemente (junio de 2013) acaba de dejar sin efecto las sanciones dado que "en la publicación litigiosa no se detecta ninguna expresión ofensiva o injuriosa limitándose el comunicado a exponer unos hechos con ánimo de que se mejore el servicio y se eviten prejuicios. Una publicación hecha en el ejercicio legítimo del derecho del gobernado a controlar al gobernante, a la libertad de expresión y de información, a la legítima crítica de la actuación de los poderes públicos y a la defensa de los estudiantes por los miembros de un grupo claustral, a cuyo efecto se ha constituido, no puede entenderse como una ofensa de palabra”. Además se condena a pagar las costas procesales a la ULL.
En este caso la justicia ha hecho justicia pero podía no haberla hecho. Independientemente de la sentencia nos encontramos con un desproporcionado caso de persecución, acoso y hostigamiento en un ámbito, el universitario, que debería ser paradigma de espacio crítico contra los poderes establecidos incluso cuando ese poder es la propia universidad. Por cierto, que el rector - Eduardo Doménech Martínez- ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Eso significa que todos nosotros seguiremos pagando un proceso judicial inaudito y sin precedentes y aumenta la evidencia de que el empeño sancionador está bañado de tintes inquisitoriales.
Represión contra la libertad de expresión
Pedro el Gasio es un joven palmero, verseador, ácrata e independentista. Conduce, junto a otro compañero -Dailos González- el programa Frente a Frente que emite Radio Murión desde Tazacorte al resto del mundo. Radio Murion es diversa y emite programas diversos y quizás esa sea la razón por la que se ha convertido en la más escuchada en el valle de Aridane donde se concentra la mitad de la población palmera. Y, como se sale a menudo del redil informativo tan políticamente correcto, el Gobierno de Canarias ha intentado cerrarla. Pero las instituciones no son sus únicos enemigos.
En este caso la justicia ha hecho justicia pero podía no haberla hecho. Independientemente de la sentencia nos encontramos con un desproporcionado caso de persecución, acoso y hostigamiento en un ámbito, el universitario, que debería ser paradigma de espacio crítico contra los poderes establecidos incluso cuando ese poder es la propia universidad. Por cierto, que el rector - Eduardo Doménech Martínez- ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Eso significa que todos nosotros seguiremos pagando un proceso judicial inaudito y sin precedentes y aumenta la evidencia de que el empeño sancionador está bañado de tintes inquisitoriales.
Represión contra la libertad de expresión
Pedro el Gasio es un joven palmero, verseador, ácrata e independentista. Conduce, junto a otro compañero -Dailos González- el programa Frente a Frente que emite Radio Murión desde Tazacorte al resto del mundo. Radio Murion es diversa y emite programas diversos y quizás esa sea la razón por la que se ha convertido en la más escuchada en el valle de Aridane donde se concentra la mitad de la población palmera. Y, como se sale a menudo del redil informativo tan políticamente correcto, el Gobierno de Canarias ha intentado cerrarla. Pero las instituciones no son sus únicos enemigos.
En el Valle de Aridane el agua de regadío proveniente de La Caldera de Taburiente es privada, es decir, está en manos de aguatenientes que también son terratenientes. Si se hicieran con el aire serían los dueños de todos los elementos. Las haciendas de Argual y Tazacorte acaparan agua y tierra desde hace más de quinientos años cuando el conquistador Alonso Fernández de Lugo y su sobrino Juan se apropiaron de esos bienes públicos. A lo largo de su historia a estas haciendas se han ido incorporando otras poderosas familias que han controlado la agricultura del Valle de Aridane con un brutal poder coercitivo. Así, hasta nuestros días. El pequeño agricultor que quiera agua se la tiene que comprar a los caciques; el que proteste se queda sin ella.
Desde Radio Murión se ha denunciado con insistencia esta pervivencia de política local caciquil. Por eso han sido denunciadas ocho personas, desde el dueño de la emisora hasta intervenientes en algunos programas. En total, los demandantes piden doscientos mil euros, cuarenta mil al bueno de Pedro el Gasio. Los denunciantes son los Rosendos (Rosendo Luis Cáceres y Rosendo Luis Brito, padre e hijo) implicados, entre otras lindezas, en un gran pelotazo urbanístico. Ambos, según una sentencia firme del Tribunal Supremo, participaron en una maniobra de recalificación de terrenos para beneficiar a un particular. Uno es el arquitecto del ayuntamiento de Tazacorte, el otro realizó labores de intermediario en la venta de una finca que, de la noche a la mañana, pasó de ser agrícola a urbanizable. El padre es, además, administrador general de las mencionadas haciendas de Argual y Tazacorte. Pedrito, hay que reconocerlo, se pasó: dijo que ese territorio estaba dominado por caciques de mierda. Con lo buenos que son.
Estos son solo tres casos de intentos recientes de represión en Canarias. Una tierra donde instituciones públicas y privadas intentan por todos los medios evitar la contestación ciudadana, donde las voces disidentes tienen enfrente un conglomerado poderoso que intentan acallarlas. Pero a esas mujeres, a esos jóvenes y a esos Pedritos es imposible ponerles una mordaza. Se zafan y, de paso, nos recuerdan donde vivimos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario