Red Eléctrica Española (REE)
presentó en marzo un proyecto para la instalación de una nueva Línea -aérea- de
Alta Tensión (132kv) que uniría la subestación de Puerto del Rosario con la de
Gran Tarajal. Se trata de la primera fase de un monumental y desastroso
proyecto que cruzaría la isla de norte a sur, desde Corralejo a Matas Blancas
en el municipio de Pájara. Básicamente, el proyecto consiste en la instalación
de más de 300 torres de hasta cincuenta metros de altura a lo largo de sus más
de 100 kilómetros
de extensión, atravesando cinco de los seis municipios majoreros (Betancuria
escapa por los pelos), por suelo rústico de incuestionable valor paisajístico
y, en algunos tramos, cercanas a lugares poblados. La empresa solicita, al
mismo tiempo, que el proyecto sea declarado de interés general por el Gobierno
de Canarias y su justificación, en palabras de la compañía, vendría dada
"como consecuencia del elevado crecimiento de la demanda (se supone que
eléctrica) de Fuerteventura".
La REE es una empresa singular y extraña, no es ni
pública ni privada al mismo tiempo que es privada y pública. Como empresa
privada tiene accionistas y cotiza en bolsa, pero como empresa pública tiene el
monopolio español para el transporte de energía, el Estado tiene una
participación del 20% (a través de la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales) y su presidente y consejeros son elegidos en
virtud de su militancia política. Entre julio de 2004 y marzo de 2012 fue su
presidente Luis Atienza, socialista y ex ministro de Agricultura con Felipe
González. En la actualidad es José Folgado quien, hasta su designación como
presidente de REE, era alcalde por el Partido Popular del municipio madrileño
de Tres Cantos y que con anterioridad fue secretario de Estado -entre 1996 y
2004- con José María Aznar.
Su extraña conformación, por
tanto, la hace temible: busca los mayores beneficios para sus accionistas como
empresa privada y tiene el amparo político y administrativo -a través de su
régimen monopolístico y de su dirección militante- del Estado. Solo conociendo
ese vínculo, a través del cual el Estado trabaja para la rentabilidad de la
empresa privada, se puede entender la inaudita gestión que del proyecto está
haciendo la
Vicenconsejería de Industria del Gobierno de Canarias. Sirva
como ejemplo que las decenas de alegaciones que personas y colectivos de
Fuerteventura han presentado contra este atentado social y medioambiental (las
alegaciones presentadas, por ejemplo, por la Asociación Vecinal
de Tiscamanita "El Tabaibe" fueron acompañas por más de 500 firmas) y
dirigidas a la administración competente no están siendo contestadas por esta,
la cual, quitándose el muerto de encima, se las ha remitido a la REE, que es la que contesta a
las alegaciones ciudadanas. Es como si las alegaciones presentadas a la
pretensión de agujerear Tindaya no las contestara el Gobierno de Canarias sino
directamente las familias Chillida y Ordóñez.
El proyecto de atravesar
Fuerteventura con una nueva línea de Alta Tensión (la actualmente existente de
66kv no desaparecía) no tiene justificación, por lo menos en los términos en
que la compañía solicita su declaración de interés general. Es sorprendente que
un proyecto de tal magnitud no incorpore ningún dato sobre esa supuesta
deficiencia del transporte de energía en la isla. Entre los miles de folios que
conforman el expediente solo una frase vacua ("como consecuencia del
elevado crecimiento de la demanda") pretende servir como justificación. La
frase, además de vacua, es falaz. Según los datos aportados por la propia
compañía en su página web, Fuerteventura conoció un descenso del consumo
eléctrico del 7'1% entre los años 2007 y 2009 y de un 2'63% entre el año 2009 y
el 2010, último año en que la compañía ha hecho públicos los datos del consumo
eléctrico insular. Además, recordemos, parte de la producción energética
-contaminante- de Fuerteventura se trasvasa mediante conexión submarina a
Lanzarote. Fuerteventura, por tanto, produce excedente energético y nada, dada
la caída del sector de la construcción en la isla, parece indicar que la
demanda pueda aumentar significativamente. Entonces, ¿a qué viene la pretensión
de instalar una torreta de 50
metros de altura cada 300 metros a lo largo de
la geografía insular? Es más que probable que exista una agenda oculta,
escondida a la luz pública. Se sabe de las intenciones de REE de unir, con
cable submarino, las islas de Fuerteventura y Gran Canaria y se especula con la
posibilidad de que la futura central hidroeléctrica propuesta en las cumbres de
Gran Canaria abastezca a Fuerteventura y Lanzarote. Pero también puede ocurrir
que Fuerteventura se consolide como el territorio elegido para abastecer con
producción convencional a las dos islas.
La instituciones en su laberinto
Pero creamos por un momento en
los argumentos de la empresa: Fuerteventura necesita una nueva línea de
transporte de alta tensión. Pero, ¿por qué aérea? La respuesta es económica: le
sale más barato a la compañía. Y, entre el beneficio empresarial y el beneficio
social, no hay color. Es aquí donde REE tiene un problema. El planeamiento
territorial insular exige que cualquier nueva línea de transporte debe ser
soterrada y anexa a los viarios. El propio Cabildo Insular, en acuerdo plenario
aprobado por unanimidad de todos los partidos, ha manifestado su oposición al
nuevo trazado aéreo. En igual sentido se han manifestado las corporaciones
locales de Antigua, Tuineje y Puerto del Rosario. De ahí que la compañía haya
solicitado al Gobierno de Canarias la declaración de interés general, una vieja
y repetida argucia para saltarse cualquier condicionante legal que le impida
hacer lo que le viene en gana. Está la pelota, por tanto, en el tejado del
Gobierno canario.
Uno de los argumentos utilizados
por Paulino Rivero para oponerse a las prospecciones petrolíferas en las aguas
de Fuerteventura y Lanzarote ha sido que la decisión del ministro Soria y del
Gobierno de España pretende ignorar la voluntad popular y los acuerdos de las
instituciones locales, insulares y autonómicas. ¿Será coherente ahora el
Gobierno de Canarias y respetará la voluntad popular de la ciudadanía majorera,
de la legislación vigente y de los acuerdos de las instituciones majoreras?,
¿qué podrán aducir desde el Cabildo majorero si los mismos partidos que forman
la mayoría en la institución (CC y PSOE) aprueban la declaración de interés
general que solicita la REE
al Gobierno de Canarias?
En breve lo sabremos. Pero hasta
que esto ocurra es necesaria, una vez más, la movilización ciudadana. Hace
algunos años miles de personas se manifestaron en Tenerife contra un proyecto
similar que iba a atravesar algunos de los montes y espacios naturales más
singulares de aquella isla. En esa ocasión la ciudadanía cogió con el pie
cambiado a las instituciones y el proyecto se paralizó. También otra
manifestación en Gran Tarajal consiguió paralizar el proyecto de una nueva
central térmica en el Valle de Agando. Ante este nuevo proyecto cientos de
vecinos y vecinas, afectados directamente por la instalación de las gigantescas
torres ya están dando los primeros pasos con la realización de reuniones,
presentación de alegaciones y recogidas de firmas. Pero ¿quién no se verá
afectado en Fuerteventura por un proyecto que transformará cualquier visión de
la isla en un entramado de cables y hierros para que una empresa rentabilice
aún más sus enormes beneficios?
