Fuerteventura: Reserva de Red Eléctrica

Red Eléctrica Española (REE) presentó en marzo un proyecto para la instalación de una nueva Línea -aérea- de Alta Tensión (132kv) que uniría la subestación de Puerto del Rosario con la de Gran Tarajal. Se trata de la primera fase de un monumental y desastroso proyecto que cruzaría la isla de norte a sur, desde Corralejo a Matas Blancas en el municipio de Pájara. Básicamente, el proyecto consiste en la instalación de más de 300 torres de hasta cincuenta metros de altura a lo largo de sus más de 100 kilómetros de extensión, atravesando cinco de los seis municipios majoreros (Betancuria escapa por los pelos), por suelo rústico de incuestionable valor paisajístico y, en algunos tramos, cercanas a lugares poblados. La empresa solicita, al mismo tiempo, que el proyecto sea declarado de interés general por el Gobierno de Canarias y su justificación, en palabras de la compañía, vendría dada "como consecuencia del elevado crecimiento de la demanda (se supone que eléctrica) de Fuerteventura".

Una extraña compañía

La REE es una empresa singular y extraña, no es ni pública ni privada al mismo tiempo que es privada y pública. Como empresa privada tiene accionistas y cotiza en bolsa, pero como empresa pública tiene el monopolio español para el transporte de energía, el Estado tiene una participación del 20% (a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y su presidente y consejeros son elegidos en virtud de su militancia política. Entre julio de 2004 y marzo de 2012 fue su presidente Luis Atienza, socialista y ex ministro de Agricultura con Felipe González. En la actualidad es José Folgado quien, hasta su designación como presidente de REE, era alcalde por el Partido Popular del municipio madrileño de Tres Cantos y que con anterioridad fue secretario de Estado -entre 1996 y 2004- con José María Aznar.

Su extraña conformación, por tanto, la hace temible: busca los mayores beneficios para sus accionistas como empresa privada y tiene el amparo político y administrativo -a través de su régimen monopolístico y de su dirección militante- del Estado. Solo conociendo ese vínculo, a través del cual el Estado trabaja para la rentabilidad de la empresa privada, se puede entender la inaudita gestión que del proyecto está haciendo la Vicenconsejería de Industria del Gobierno de Canarias. Sirva como ejemplo que las decenas de alegaciones que personas y colectivos de Fuerteventura han presentado contra este atentado social y medioambiental (las alegaciones presentadas, por ejemplo, por la Asociación Vecinal de Tiscamanita "El Tabaibe" fueron acompañas por más de 500 firmas) y dirigidas a la administración competente no están siendo contestadas por esta, la cual, quitándose el muerto de encima, se las ha remitido a la REE, que es la que contesta a las alegaciones ciudadanas. Es como si las alegaciones presentadas a la pretensión de agujerear Tindaya no las contestara el Gobierno de Canarias sino directamente las familias Chillida y Ordóñez.

Una agenda oculta

El proyecto de atravesar Fuerteventura con una nueva línea de Alta Tensión (la actualmente existente de 66kv no desaparecía) no tiene justificación, por lo menos en los términos en que la compañía solicita su declaración de interés general. Es sorprendente que un proyecto de tal magnitud no incorpore ningún dato sobre esa supuesta deficiencia del transporte de energía en la isla. Entre los miles de folios que conforman el expediente solo una frase vacua ("como consecuencia del elevado crecimiento de la demanda") pretende servir como justificación. La frase, además de vacua, es falaz. Según los datos aportados por la propia compañía en su página web, Fuerteventura conoció un descenso del consumo eléctrico del 7'1% entre los años 2007 y 2009 y de un 2'63% entre el año 2009 y el 2010, último año en que la compañía ha hecho públicos los datos del consumo eléctrico insular. Además, recordemos, parte de la producción energética -contaminante- de Fuerteventura se trasvasa mediante conexión submarina a Lanzarote. Fuerteventura, por tanto, produce excedente energético y nada, dada la caída del sector de la construcción en la isla, parece indicar que la demanda pueda aumentar significativamente. Entonces, ¿a qué viene la pretensión de instalar una torreta de 50 metros de altura cada 300 metros a lo largo de la geografía insular? Es más que probable que exista una agenda oculta, escondida a la luz pública. Se sabe de las intenciones de REE de unir, con cable submarino, las islas de Fuerteventura y Gran Canaria y se especula con la posibilidad de que la futura central hidroeléctrica propuesta en las cumbres de Gran Canaria abastezca a Fuerteventura y Lanzarote. Pero también puede ocurrir que Fuerteventura se consolide como el territorio elegido para abastecer con producción convencional a las dos islas.

La instituciones en su laberinto

Pero creamos por un momento en los argumentos de la empresa: Fuerteventura necesita una nueva línea de transporte de alta tensión. Pero, ¿por qué aérea? La respuesta es económica: le sale más barato a la compañía. Y, entre el beneficio empresarial y el beneficio social, no hay color. Es aquí donde REE tiene un problema. El planeamiento territorial insular exige que cualquier nueva línea de transporte debe ser soterrada y anexa a los viarios. El propio Cabildo Insular, en acuerdo plenario aprobado por unanimidad de todos los partidos, ha manifestado su oposición al nuevo trazado aéreo. En igual sentido se han manifestado las corporaciones locales de Antigua, Tuineje y Puerto del Rosario. De ahí que la compañía haya solicitado al Gobierno de Canarias la declaración de interés general, una vieja y repetida argucia para saltarse cualquier condicionante legal que le impida hacer lo que le viene en gana. Está la pelota, por tanto, en el tejado del Gobierno canario.

Uno de los argumentos utilizados por Paulino Rivero para oponerse a las prospecciones petrolíferas en las aguas de Fuerteventura y Lanzarote ha sido que la decisión del ministro Soria y del Gobierno de España pretende ignorar la voluntad popular y los acuerdos de las instituciones locales, insulares y autonómicas. ¿Será coherente ahora el Gobierno de Canarias y respetará la voluntad popular de la ciudadanía majorera, de la legislación vigente y de los acuerdos de las instituciones majoreras?, ¿qué podrán aducir desde el Cabildo majorero si los mismos partidos que forman la mayoría en la institución (CC y PSOE) aprueban la declaración de interés general que solicita la REE al Gobierno de Canarias?

En breve lo sabremos. Pero hasta que esto ocurra es necesaria, una vez más, la movilización ciudadana. Hace algunos años miles de personas se manifestaron en Tenerife contra un proyecto similar que iba a atravesar algunos de los montes y espacios naturales más singulares de aquella isla. En esa ocasión la ciudadanía cogió con el pie cambiado a las instituciones y el proyecto se paralizó. También otra manifestación en Gran Tarajal consiguió paralizar el proyecto de una nueva central térmica en el Valle de Agando. Ante este nuevo proyecto cientos de vecinos y vecinas, afectados directamente por la instalación de las gigantescas torres ya están dando los primeros pasos con la realización de reuniones, presentación de alegaciones y recogidas de firmas. Pero ¿quién no se verá afectado en Fuerteventura por un proyecto que transformará cualquier visión de la isla en un entramado de cables y hierros para que una empresa rentabilice aún más sus enormes beneficios?

Hoja de firmas

Disipar el humo, depurar responsabilidades

Dos comentarios se repiten como un murmullo continuo en La Gomera: el incendio nunca tuvo que adquirir tamaña dimensión y no hubo muertes de milagro. Sobre esto último solo hay que observar Valle Gran Rey después del incendio. El fuego descendió con una rapidez inusitada desde la cabecera del barranco, Guadá, hasta las zonas bajas de La Casa de la Seda y de El Guro. El fuego afectó a más de una treintena de casas pero pudo ser mucho peor. Las manchas negras del humo y las cenizas recorren ambos lados del barranco dibujando siniestramente el recorrido del fuego. La imagen más repetida es la de las blancas casas del barranco como supervivientes imposibles de un fuego que llegó hasta sus puertas. Paradójicamente la rapidez del fuego en esa zona hizo que este no tuviese tiempo a detenerse en las casas -muchas de ellas habitadas en el momento del incendio- y se desplazara de palmera en palmera, por el cañaveral del fondo del barranco, por los bancales secos y por los cultivos de frutales. Esa noche Valle Gran Rey pudo haber sufrido una tragedia humana comparable con el incendio del 84, cuando el fuego mató a veinte personas al pie del Roque Agando. Esta vez hubo suerte y -a pesar de que algunas casas fueron devoradas en su totalidad- no hubo víctimas humanas. Esa noche también se evidenciaron algunas miserias políticas: ausencia de protocolos (ni para esto sirvieron las muertes de los quemados del 84), descoordinación a todos los niveles institucionales, falta de medios y una lucha de egos que se dedicaron a instrumentalizar el incendio buscando réditos políticos aprovechando que el fuego pasaba por Valle Gran Rey.

Pero volvamos al primer comentario que está asumido por la población gomera: el incendio nunca tuvo que adquirir aquellas proporciones. Todavía sin apagar definitivamente, el fuego ha arrasado más de un 10% de la superficie insular. El incendio no se inició en el monte sino en las tierras abandonadas, antaño cultivadas, de su límite sur. Otra imagen es elocuente: en Igualero, El Cercado y Chipude quedan islotes verdes rodeados de negritud. Son las escasas fincas cultivadas de viñas que se salvaron mientras el fuego quemaba las fincas abandonadas que las circundan. Pero el momento crítico de esta historia de fuego fueron los días en que alguien decidió que el primer incendio estaba bajo control. Al rebajarse el nivel de emergencia los medios terrestres quedaron reducidos a su mínima expresión y los aéreos abandonaron la isla. Este fue un acto claro de negligencia política. Cualquier persona puede consultar en internet la predicción meteorológica de toda una semana de cualquier lugar del Estado con una exactitud casi horaria. El día 8 de agosto el incendio se daba por controlado, se rebajó el nivel de alarma y 80 efectivos de la UME abandonaron la isla. Ese día la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología era de temperaturas en ligero ascenso en las cumbres gomeras; la capital llegó a los 26º. Para el día 9 se predecía un nuevo aumento de temperaturas, en la Villa se llegaron a los 29º. Para el día 10 se predijo que en las cumbres gomeras las temperaturas podrían llegar a los 34º y se esperaban en esa zona vientos moderados con intervalos fuertes. Ese día, con esas condiciones que se preveían, se reavivó el fuego de un incendio que nunca estuvo controlado y entonces, cuando el fuego amenazaba a las zonas altas del sur (Igualero, El Cercado, Chipude y otros pagos) se volvió a subir al nivel 2 de emergencia. Y vuelta a empezar tras haber perdido casi tres días valiosísimos para apagar definitivamente el incendio.

Es bastante probable que el incendio haya sido intencionado y no es menos cierto que el abandono de las tareas agrícolas convierten los campos en yescas preparadas para ser bombas incendiarias. También es incuestionable que la sequía de este último año ha sido especialmente dura en La Gomera y en Canarias en general. Pero, precisamente por esas razones, la vigilancia contra los incendios se debería redoblar y no recortar. Pero, una vez iniciado el fuego, lo que hacen falta son medios y cordura, dos aspectos que han brillado por su ausencia en el incendio de La Gomera.

Para el sábado día 1 de septiembre personas agrupadas bajo una plataforma ciudadana denominada La Gomera se mueve han convocado una manifestación en la capital de la isla exigiendo que se depuren responsabilidades. Se trata de un paso al frente colectivo no exento de dificultades en un territorio donde el clientelismo político y las relaciones laborales-institucionales actúan como frenos a las reivindicaciones ciudadanas. Pero las presiones y trabas que ya han comenzado para evitar que la manifestación sea un éxito es probable que esta vez no tengan su efecto. La gente está realmente indignada: la inoperancia institucional dejó que se quemara la isla y muchas personas están vivas de milagro.

Aquí les dejo una interpretación alternativa de los hechos que circula por internet: 

Chus, en huelga

Chus, agotadas todas las posibilidades que le niega el sistema, se ha plantado en un cruce de caminos: por arriba el Cabildo de Fuerteventura, enfrente la Delegación del Gobierno, más abajo el Ayuntamiento de Puerto Cabras. El espacio elegido es más que simbólico porque alguna (o todas)  de esas instituciones deberían garantizarle los recursos necesarios para vivir. Y, en medio de ese cruce, vigilando a las instituciones y a la propia Chus, está la oficina principal de Bankia en la isla, ese sumidero al que va todo el dinero que le correspondería a Chus y a los rostros de la pobreza.

            

 Chus le pone cara a la estadística. Es una de las más de cinco millones de personas paradas del Estado, una de las casi trescientas mil que en Canarias no recibe un salario, una de ese 35% de personas desempleadas de Fuerteventura. Chus no solo no tiene curro, tampoco recibe ninguna prestación social que le asegure la existencia. Técnicamente es una excluida: no cotiza, no consume, no percibe.

             

Chus está en huelga de hambre y va en serio. Lo ha meditado detenidamente. Le quedaba la posibilidad de acogerse a la caridad o de agarrarse a las ofertas amistosas pero su conciencia no la dejaba. Chus sabe que tiene derecho vivir dignamente, sin avergonzarse en las colas caritativas, sin sentirse intrusa en la vida de sus amistades. La suya es una decisión política y no está dispuesta a esconderse. A Chus le sobra coraje y responsabilidad. Cada cual toma sus decisiones y Chus no   pretende dar ejemplo. Pero, ¿qué pasaría si todas las personas excluidas hicieran visibles, como Chus, su cara llena de vida, sus manos de trabajadora, su mirada que interroga, su lengua que cuestiona, su corazón que comparte hasta el vacío de un hambre impuesto por el sistema?, ¿se atreverían las noticias a considerarlas cifras que suben y bajan según meen los mercados? ¿Qué haríamos nosotros?

Pincha aquí para leer el Manifiesto de Chus Vila

          

Repsol roba... Y también amenaza

Desestimados dueños de Repsol: el día 23 de julio tuvieron a bien remitirle al minero don Víctor Herrera Canga una carta amenazante instándole a que rectificara sus declaraciones públicas y publicadas. Don Víctor, en un arranque de sinceridad, dijo lo que muchas personas pensamos, a saber, "que Repsol es una multinacional capitalista que se aprovecha de allá donde va y que roba todo lo que puede". En la carta -compulsada en notaría- le dan tres días improrrogables para que se desdiga  porque sus declaraciones le han causado un daño a la reputación y al buen nombre de esta compañía. Amenazan, si no se retracta el hombre, con denunciarlo por calumnias o injurias.

Hay que tener poca vergüenza. Ustedes, que están denunciados por los más diversos y atroces atropellos contra la vida del Planeta; ustedes, que derraman contaminación y muerte, que destruyen selvas, ríos y lagos; ustedes, que han desplazado a miles de indígenas de los sitios inmemoriales, de los lugares que han ocupado durante siglos y que su reputada compañía ha convertido en ciénagas inhabitables; ustedes, que han sustituido el sol de verdad por el logo corporativo, un sol de mentira como toda su asquerosa propaganda; ustedes, que destinan treinta millones de euros al año para comprar medios y opinión, denuncian a un obrero por ejercer la libre expresión.

Ustedes, que envenenan día tras día a la humanidad, que firman contratos con dictaduras, que han sido denunciados por financiar a grupos paramilitares, por esconder información, por denegar las indemnizaciones por los muertos en sus explotaciones; ustedes, que cada año obtienen miles de millones de euros de beneficios gracias a la explotación humana; ustedes, cuyo máximo patrón gana siete millones y medio al año, más de lo que ganaría cualquiera de sus trabajadores en varias reencarnaciones; ustedes, que nos mienten todos los días, se atreven a amenazar a un currante por decir la verdad.

Ustedes, que financian periódicos ultras, racistas y homófobos mientras presumen de ser una empresa de ética irreprochable; ustedes, a los que les da igual la democracia y la opinión popular; ustedes, a los que Argentina tuvo que expropiar porque la estaban saqueando; ustedes, que ahora han puesto los ojos, el dinero y las mentiras para robar el petróleo de Canarias y amenazarnos con sus desastres.

A ustedes les damos tres días, improrrogables, para que retiren la amenaza a don Víctor; pandilla de justicieros, cónclave de explotadores, caterva de matones, nido de sanguijuelas.

 

Cuidado con los bulos

Corren por la red varios artículos críticos sobre el número de personas dedicadas a la política en el Estado español. Los artículos pretenden desmontar las cifras que circulan, también por la red, y que computan en más de cuatrocientos mil los cargos políticos. Quizás el artículo que más ha circulado en el ámbito canario ha sido el de Enrique Bethencourt, publicado en su blog La Tiradera y titulado 445.568 políticos y tres piedras. No es la de este periodista la única crítica sobre la cifra y su divulgación, pero prácticamente hay unanimidad en los argumentos: que la cifra es errónea, malintencionada, que su utilización es demagógica, que busca el descrédito de la actividad política y que por la red se difunden muchos bulos a los que la ignorancia le otorga verosimilitud.

El origen de la cifra maldita es un estudio publicado por el periódico digital El Aguijón basado en supuestas informaciones institucionales. Enrique Bethencourt y otros críticos hacen hincapié, acertadamente, en que las cifras no cuadran, como las que computan en 650 los cargos políticos en el Congreso y en el Senado cuando, en realidad, la cifra exacta es de 616. Otros apartados del estudio también parecen desmesurados. Pero los críticos como Bethencourt caen en el mismo error que el artículo que critican: no hacen bien las cuentas. Y no las hacen porque parten de un error de bulto, el de considerar exclusivamente como cargos políticos los cargos electos, error derivado a su vez de una concepción de la política hipermétrope, ese que considera que la política es la que se ejerce en las instituciones.

Volvamos a las cifras. Bethencourt extrapola los datos a la comunidad canaria y, basándose en un cálculo matemático en función del porcentaje de población, sostiene que el estudio concedería a Canarias unos 20.050 políticos cuando, según sus cuentas, son solo 1.675, total de la suma de parlamentarios, consejeros de Cabildos y concejales. Vaya. Según Bethencourt las Viceconsejerías o las Direcciones Generales no están ocupadas por cargos políticos y en sus críticos cálculos ni siquiera serían cargos políticos algunos miembros del propio Gobierno de Canarias que no son diputados y que han sido designados. Él mismo, que fue director general de Relaciones Informativas (sí, existe —o existió— una Dirección General de eso), no habría ejercido ese cargo como político. Imaginamos, por tanto, ya que se trata de un puesto de trabajo en la Administración, que se realizó una convocatoria pública a la que se pudieron presentar todos los profesionales del periodismo que quisieron y que fue su currículo profesional -y no la ideología ni la amistad- el que le reportó tan prestigioso cargo.

Si se siguen los cálculos de Bethencourt toda la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por poner un ejemplo, estaría gestionada por un solo político, su Consejero (y porque en este caso es también diputado autonómico), entonces ¿quiénes están al frente de la Viceconsejería de Educación, de las dos Direcciones Territoriales, de las cinco Direcciones Generales, de la Inspección, del Instituto canario de Evaluación y Calidad Educativa y de las siete Oficinas Insulares del organigrama educativo institucional canario?;  ¿qué criterios se utilizan para designar la cantidad de asesores que acompañan a cada uno de esos cargos que Bethencourt borra del mapa político?;  ¿cuántos son? Sin contar a estos últimos, pasaríamos de un cargo político a  diecisiete en una sola Viceconsejería; los contracálculos no cuadran. ¿Qué son, en definitiva, los veinticinco puestos de confianza contratados por el Cabildo Insular de Fuerteventura durante esta legislatura?, ¿se han elegido tras un libre proceso selectivo?, ¿no pesa la militancia política, el nepotismo y el clientelismo?, ¿son necesarios?

No sabemos si son 20.050 los cargos políticos (incluyendo tanto a los electos como a los designados) que pululan por el universo institucional canario pero desde luego no son, ni de lejos, los 1.675 que certifica el periodista. Tampoco sabemos si son más de 400.000 los que viven de la política institucional en el Estado. No sabemos cuántos sobran porque ni siquiera podemos saber cuántos son. Aunque parezca increíble, es imposible cuantificarlos porque esta democracia adolece de transparencia, que es tanto como decir que adolece de democracia. Es cierto: por la red recorren muchos bulos y mucha demagogia. Tengan cuidado, porque a veces vienen camuflados de informaciones veraces.

La cruzada contra el piche

Toño Jiménez, alias el Fruti, tiene pinta de lobo de mar de los de antes. Barba bien poblada, arrugas causadas por el solajero, callos de tanto atar cabos y de bogar contra marea y un sombrero de paja que lo identifica como subcomandante de todos los veriles y aguas circundantes. También tiene la cabeza llena de ideas y el corazón repleto de ánimo. Toño está indignado, caliente como un chucho al que le han fastidiado la siesta en el fondo marino. A todas las indignaciones (¡qué les vamos a contar!) se le ha sumado la que le provoca saber que cualquier día de estos su Pardela Cenicienta puede ser abordada por un una plataforma petrolífera.

Bueno, en realidad, Toño piensa como piensa la mayoría de las personas que viven en Fuerteventura, en Lanzarote, en toda Canarias. Que nuestro mar lo queremos limpito, que lo queremos para bañarnos, para suspendernos en sus olas, para pescar, para mirarlo y olerlo con olor a mar. Eso lo entiende todo el mundo con dos dedos de frente y por eso lo ha entendido la ciudadanía que se manifestó en Canarias el 24 de marzo gritando ¡No a las petroleras! ¡Sí a las renovables!

El Fruti ha reciclado trozos de navegación, desechos de marejadas, restos de naufragios, y los ha reconvertido en una especie de trimarán indígena, mitad chalana, mitad vela latina. Un híbrido propulsado con energía humana y ventolera, dispuesto a cruzar desde La Graciosa a El Hierro en una ofensiva limpia contra el petróleo. Su primera intención era cruzar con su Pardela Cenicienta pasando de isla en isla, pero para que pueda cruzar el océano con su artilugio, el Fruti necesita más permisos que los que le piden a Repsol para instalar sus plataformas. Así que Antonio recorrerá la costa de cada una de la islas y meterá a su Pardela en el Ferry para atravesar parte de los mares. Pero en esta aventura necesita de tu apoyo, de nuestro apoyo colectivo.
 

Si el alisio le es propicio y no entra la calma chicha, Toño cruzará estas islas antipetrolíferas entre el 27 de julio y el 4 de agosto. Y en cada una de las islas necesita de apoyo logístico, pero sobre todo, emocional. Queremos que en cada tramo de costa el Fruti se sienta acompañado por barcos, barquillos o barcazas, en cualquiera de sus modalidades flotantes. Queremos que allá por donde pase la Pardela Cenicienta, muchas otras pardelas monten revuelo y griten a los vientos que ¡no queremos petroleras! 

 RECORRIDOS Y HORARIOS ESTIMADOS DE LA CRUZADA CONTRA EL PICHE

VIERNES, 27 DE JULIO  
Lanzarote 
8:00h.  Salida de la Graciosa.
11:30h.  Llegada a Arrecife.
16:00h.  Llegada a Playa Blanca.  
Fuerteventura
17:30h.  Llegada a Corralejo.
20:30h.  Llegada a Puerto del Rosario.

SÁBADO, 28 DE JULIO   
Fuerteventura 
7:00h.  Salida de Puerto del Rosario.
11:00h.  Llegada a Gran Tarajal.
14:00h.  Llegada a Costa Calma-Campeonato de Windsurf.  
Gran Canaria
19:30h.  Llegada a Las Palmas.

DOMINGO, 29 DE JULIO   
Gran Canaria
10:30h.  Salida de Las Palmas-Club Victoria.
14:30h.   Llegada a Agaete.  
Tenerife
22:00h.  Llegada a Santa Cruz.

LUNES, 30 DE JULIO  
Tenerife 
8:00h.  Salida de Santa Cruz.
11:00h.  Llegada al Puertito de Güimar.
15:00h.  Llegada a El Médano.
17:30h.  Llegada a los Cristianos.  
La Palma
21:00h.  Llegada a Santa Cruz de la Palma.

MARTES, 31 DE JULIO   
La Palma 
9:00h.  Salida de Santa Cruz de la Palma.
11:00h.  Llegada a las Salemeras.
14:00h.  Llegada a Fuencaliente.

MIÉRCOLES, 1 DE AGOSTO   
La Gomera 
6:30h.  Llegada a San Sebastián de la Gomera.
10:00h.  Salida de San Sebastián de la Gomera.
14:00h.  Llegada a Puerto Santiago.

JUEVES, 2 DE AGOSTO  
La Gomera 
9:45h.  Salida de San Sebastián de la Gomera.  
El Hierro
11:30h.  Llegada a El Puerto de la Estaca.
14:00h.  Salida de El Puerto de la Estaca.
14:00h.  Llegada al Parador Nacional de El Hierro.
18:00h.  Llegada a la Restinga.

VIERNES, 3 DE AGOSTO  
El Hierro
12:00h.  Paseo por la zona eruptiva.

Perdonen las medidas: estamos recortando

Hace unas semanas el Parlamento de Canarias aprobó el recorte del recorte del recorte. Compungidos y afectados, los portavoces políticos nos explicaron que son medidas difíciles y dolorosas, que ojalá que no las hubiesen tenido que tomar, pero que, claro, a fin de cuentas, son medidas necesarias, vamos, que no queda otro remedio. Las medidas se resumen en dos: bajar por segunda vez el sueldo de los empleados públicos y subir el IGIC, el impuesto sobre el consumo que afecta a todo el mundo de la misma manera. Estas medidas, tan difíciles y dolorosas, se toman porque no hay otras partidas donde rascar.

Antes de este recorte del recorte de los recortes, el Gobierno de Canarias ya había reducido el presupuesto de los servicios que afectan a las personas empobrecidas. Recordemos que en Canarias, según el Instituto Nacional de Estadística, el 35'5% de sus habitantes resisten en condiciones de precariedad, es decir, una de cada tres personas no percibe los ingresos ni tiene las condiciones mínimas para asegurarse una vida digna. En el presupuesto de 2012 los Servicios Sociales de Canarias sufrieron un recorte de al menos 55 millones de euros, afectando de manera importante a las prestaciones básicas que se les debiera dispensar a esas personas a las que el sistema margina y excluye. Se supone que, en una situación como la actual, donde la exclusión, la marginalidad y la precariedad aumentan, lo lógico sería aumentar el «presupuesto social» para intentar paliar estas desigualdades, justo lo contrario de lo que hace el Gobierno de Canarias.

Estas medidas, tan dolorosas y difíciles, son tomadas al mismo tiempo que los presupuestos mantienen partidas millonarias, injustificadas socialmente. Aunque parezca surrealista, en los presupuestos de este año el Gobierno destina 608 mil euros para el proyecto de agujerear Tindaya. Con ese dinero, por ejemplo, cien personas de Canarias podrían recibir durante un año un salario de 500 euros mensuales. Se mantiene una partida de 4'5 millones de euros para la policía pretoriana del presidente Paulino, la denominada guanchancha. Con ese dinero, gastado innecesariamente, 750 personas podrían percibir 500 euros mensuales durante un año. Y la Radio Televisión Canaria cuenta con un presupuesto de 37 millones de euros. Haciendo la misma operación, con ese dinero 6.166 personas podrían percibir un salario mensual de 500 euros.

Nos hemos detenido en estas tres partidas porque explicitan la contradicción: el Gobierno de Canarias se sigue gastando el dinero en asuntos superfluos, sin ningún beneficio social, mientras se bajan las ayudas y se suprimen los proyectos destinados a evitar la exclusión. Con el dinero que se ahorraría de esas tres partidas 7.000 personas podrían empezar a respirar. Pero aún quedarían miles de ellas en las estadísticas de la miseria. No hay dinero.

¿No hay dinero? En esta tierra, con los indicadores sociales y de calidad de vida más bajos de todo el Estado, la gente más adinerada está exonerada de pagar impuestos. La clase empresarial, a través de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) puede librarse de pagar hasta el 90% de sus impuestos. Y ese dinero -que no ingresa la hacienda pública- se acumula para que el propio empresariado lo pueda volver a invertir en nuevos negocios. La RIC es una caja sin fondo y descontrolada, de tal manera que ni el propio empresariado ni el Gobierno de Canarias sabe a ciencia cierta cuánto dinero hay acumulado en estos momentos. Bajo este mecanismo de fraude fiscal legalizado se estima que, entre los años 1994 y 2002, Canarias dejó de ingresar más de 11.000 millones de euros. Algunos economistas consideran que calcular la actual dotación de la RIC en unos 4.000 millones de euros no es una estimación desmesurada. Con ese dinero -que tendría que haberse ingresado en las arcas públicas- más de 330.000 personas podrían recibir 1.000 euros mensuales durante un año. Y no nos vengan con tonterías de que la ley no lo permite, que aquí han modificado hasta la Constitución para someternos a la dictadura del déficit público.

No sé a ustedes, pero a mí, cuando oigo a los portavoces de este u otro gobierno lamentar los recortes porque son medidas difíciles y dolorosas, se me despierta cierto sentido primario, algo así como las ganas de soltarles un tollo en el totizo; aunque reconozco que mejor sería incorporarlos directamente a las estadísticas de la exclusión para que sientan en carne propia lo que es vivir en una situación difícil, llena de dolor.